El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula la Renta Agraria para los eventuales del campo andaluz y extremeño. El texto mantiene la obligación de haber estado empadronado al menos diez años en estas regiones para acceder al subsidio, lo que ha suscitado el rechazo de los sindicatos, que anuncian recursos a este requisito "inconstitucional". Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostró cauto y señaló que no valorará la norma hasta conocerla mejor.

Según la reseña del Gobierno, la nueva regulación trata de perseguir el fraude. El texto conocido ayer mantiene las condiciones ya conocidas, como que el máximo de veces que se podrá disfrutar de la Renta Agraria será de seis, por periodos de 180 días para los menores de 52 años y 300 días para el resto.

Además, se mantiene la exigencia de un mínimo de 35 jornadas reales trabajadas y cotizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de la renta.

MALESTAR SINDICAL

Las cotizaciones que excedan de las 35 jornadas servirán, según la nota, tanto para el incremento de la protección, como para generar una prestación contributiva.

La aprobación del decreto fue saludada con satisfacción por el secretario regional de CCOO, Valentín García, quien, sin embargo, anunció que seguirán peleando para que se elimine el requisito de empadronamiento, "cuyo único objetivo es excluir a los inmigrantes, lo que es inconstitucional". Mientras, el secretario de UGT-Extremadura anunció ayer que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional.

Por su parte, Rodríguez Ibarra indicó que estudiará el texto para ver si cumple lo pactado en su día con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. El presidente extremeño añadió que, al menos, la aprobación de la Renta Agraria "permitirá que mucha gente que estaba sin posibilidades de inscribirse en el subsidio pueda hacerlo". El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que se reunió ayer en Mérida con Ibarra, lamentó que en los diez meses de vigencia del decretazo , 40.000 personas hayan quedado fuera del sistema de protección.

Zaplana, en su comparecencia de ayer en Cáceres, se refirió al mismo asunto indicando que la aprobación del decreto demuestra que el Gobierno sí tiene programa de empleo para Extremadura y Andalucía, y preguntó qué programa ha puesto en marcha Ibarra en 20 años.