El presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (AEVT), Santiago Moriche, reclamó ayer al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que agilice los trámites para el desarrollo del texto de la Ley extremeña de Solidaridad, en cuya redacción solicitó participar. Moriche explicó que dicha normativa, sobre medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo, se aprobó en Extremadura el 27 de diciembre del 2005 y, desde entonces, "se quedó encerrada en un cajón y coja".
Para Moriche, en el desarrollo de la Ley de Solidaridad para Extremadura "debe tenerse en cuenta" el contenido que otras autonomías le han dado a la normativa. A su parecer, un "buen ejemplo" del perfil de un texto legal que "podría" adaptarse a esta región, es el que ha sido elaborado por Andalucía. La Ley de Solidaridad andaluza contempla, entre otras cuestiones, la entrega de viviendas para aquellas víctimas o hijos menores de las víctimas que "se ven obligados" a abandonar sus lugares de residencia como consecuencia de un atentado terrorista.
Asimismo, comentó, incluye la creación de una línea de créditos blandos, expresamente diseñada para las víctimas del terrorismo, y que en Extremadura podría sustentarse en base a un convenio de colaboración entre el Gobierno regional, las entidades bancarias, y AETV.
Al margen de estas peticiones, el presidente de AEVT reconoció que la Junta de Extremadura "está colaborando al 100 por cien" con las 179 víctimas del terrorismo que residen en la región, y de las que 133 están afiliadas a la asociación. Según detalló, como consecuencia de la Ley de Solidaridad del 2005 se creó en la región el Centro Extremeño de Estudios para la Paz, una pieza que, dijo, será "clave" para la articulación de la norma.
Al respecto, adelantó que dicho centro contará "en unos dos meses" con una sede propia "que podría situarse en Cáceres", ya que ahora funciona en la Consejería de Igualdad y Empleo.
