La Ley de Atención a las Personas Dependientes que persigue el Gobierno central o el programa que pondrá en marcha la Junta de Extremadura para atender las necesidades de este sector intentarán dar soluciones futuras a un problema al que se ha llegado tarde. Para ello sólo hay que constatar que este clima de preocupación ya se vivió en Europa en la década de los noventa, cuando diversos países empezaron a diseñar redes de servicios y reconocieron por ley el derecho a recibir asistencia estatal a las personas que necesitan ayuda para realizar las labores básicas.

Se trata pues de un problema al que no se le puede dar la espalda. En Extremadura más de 80.000 personas padecen algún tipo de discapacidad --muchos de ellos son dependientes-- y se calcula que más de 67.000 mayores de 65 años tienen problemas de dependencia, una situación que se complicará en los próximos años con el envejecimiento de la población.

Los últimos estudios indican que en el 80% de los casos estos enfermos sólo reciben ayuda de los familiares, en su gran mayoría mujeres, que suelen ocuparse de sus padres o sus suegros. Es decir, actualmente el apoyo de los servicios sociales o de otras personas auxiliares es escaso o nulo.

Plazas geriátricas

A ello hay que sumar que uno de cada cuatro mayores que solicitan una residencia geriátrica en la región no tiene plaza, lo que supone el 25% de la demanda. En Extremadura hay 8.992 plazas en este tipo de centros, de las que algo más de la mitad, el 53%, son de titularidad pública, pero todavía existen cerca de 3.000 ancianos que están en lista de espera para poder acceder a ellas.

Es cierto que Extremadura es la comunidad autónoma con mejor ratio de plazas por habitante --superior a la media nacional--, además, en comparación con el resto de España, los ancianos de la región son los que más ayuda reciben de los servicios públicos de atención domiciliaria, pero la cobertura es baja respecto a las cifras que se manejan en Europa y la infraestructura regional es todavía insuficiente para atender una demanda que crecerá progresivamente.

Y es que en los próximos años el envejecimiento de la población extremeña y el cambio en los hábitos originará un importante incremento en la demanda de plazas geriátricas. Actualmente cerca del 20% del censo regional está formado por personas mayores de 65 años y se calcula que más de 42.000 ancianos viven solos, curiosamente, la mayoría de ellos son mujeres.