Las discusiones entre Ana y Pili eran habituales. Los vecinos del bloque escuchaban los gritos continuos y auguraban un desenlace fatal. La semana pasada Ana la asesinó en la casa que ambas compartían en el barrio del Raval. Uno de los comentarios que acompañaba a los titulares rezaba en catalán: «os habéis olvidado de poner el teléfono del maltrato». Se refería al 016, el número al que pueden recurrir las mujeres que sufren agresiones por parte de su pareja. Lo cierto es que Pili había presentado una denuncia por malos tratos hace cinco años antes, pero seguía conviviendo con su pareja. Sin ningún amparo judicial.

Este suceso ocurrió en Barcelona hace unos días y ha vuelto a centrar el foco en un asunto que se mantiene en el limbo del desconocimiento, sumergido, como si no existiera: la violencia intragénero. Los malos tratos entre parejas del mismo sexo son tabú en las estadísticas. Sin apenas cifras que reflejen una realidad que existe «de forma frecuente», relatan los colectivos.

Hay que remontarse a 2011 para arrojar un mínimo halo de luz a esta realidad. El ministerio de Sanidad y la federación estatal de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales lanzaron un informe para visibilizar datos. Este estudio concretaba números por primera vez -tres denuncias en Extremadura- y atribuía la escasez de denuncias a la falta de recursos de actuación. «En España no existen servicios de atención para las víctimas de violencia dentro de la pareja del mismo sexo, por lo que se nos presenta un grave problema a la hora de derivar a las víctimas de la violencia intragénero», recoge el infome. Desde entonces, colectivos llevan trabajando en medidas para amparar a las víctimas. Seis años después, la ley sigue catalogando la violencia entre personas del mismo sexo como violencia doméstica y no entra dentro de los parámetros de protección de la ley de violencia de género. Esto se traduce en una burocracia diferente y en un tratamiento penal diferente.

Cierto es que Extremadura fue pionera en legislar para regular este asunto. La ley de igualdad LGBTI que aprobó el parlamento regional en 2015 ya incluye este supuesto en su artículo 19 y contempla recursos de atención y protección de la persona acosada «facilitando la independencia física y económica de la víctima». La normativa, detallaba ayudas económicas de 450 euros para las víctimas y una petición expresa de la Junta para modificar la ley de género. No obstante, asociaciones como Extremadura entiende, colectivo de mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales en la región, reclaman más recursos reales.

Según destaca Sisi Cáceres, su portavoz, esta fundación ya tiene convenio con el Instituto de la Mujer en la región para ofrecer ayuda, pero lamenta que el acceso a ayudas de protección y económicas aún siguen restringidas y pide protocolos para evitar la sensación de desamparo. En ese sentido, la trabajadora social del programa LGTBTI en Madrid Vanesa Asenjo lamenta que no haya «un protocolo claro de intervención contra este tipo de maltrato, que tiene un impacto similar a la violencia de género».

Esta semana y a raíz del crimen de Barcelona, colectivos LGBTI nacionales lanzan ‘Hay amores que matan’, una campaña para visibilizar los malos tratos intragénero. Aparte de reclamar los mismos recursos que reciben mujeres víctimas de violencia de género, reclaman al Ministerio del Interior la recopilación de estadísticas de todas las intervenciones policiales de violencia entre parejas para que este asunto deje de ser por fin «de segunda categoría».

Miedo al ‘outing’

Según el informe del ministerio, las actitudes más frecuentes de violencia por la que acuden las víctimas están focalizadas en daños psicológicos. Mientras un 22% relata haber sufrido golpes, empujones y palizas, un 60% afirma padecer comentarios despectivos sobre su aspecto, forma de hablar, identidad u orientación sexual, insultos y humillaciones en público. Dentro de este último punto, una buena parte de los casos denuncian amenazas de las parejas para contar su orientación sexual en público, a la familia, en el trabajo o el colegio. En el informe, un 8% ha sufrido este tipo de malos tratos.

En cualquier caso, de 2007 a 2011 el estudio solo contabiliza medio centenar de denuncias. Investigaciones internacionales estiman que un 25% de relaciones entre parejas del mismo sexo afectadas por este tema, pero muchos no denuncian.

En este punto, Sisi Cáceres argumenta que el miedo y la vergüenza se encuentran como causas de la falta de denuncias en España y en Extremadura. «Denunciar significa reconocer tu orientación sexual», destaca Sisi y en el caso de la región, el peso de la población rural no favorece a que gais y lesbianas visibilicen su orientación. En ese aspecto, Sisi asevera que esa normalización se dificulta en el caso de las mujeres debido a que «estamos sujetas a más restricciones y a más presión social». En cualquier caso, anuncian que la FELGTB ya prepara una propuesta que lanzará al gobierno para dejar que sea «oculta».