El presidente de la Agencia de la Vivienda, Urbanismo y Territorio, Javier Corominas, anunció ayer que su departamento se está planteando la posibilidad de poner en marcha algún tipo de ley con medidas contra la especulación del suelo. Corominas aclaró que actualmente "no se está produciendo en Extremadura ninguna situación que deba preocupar ni alarmar".

Sin embargo, agregó que se trataría de "evitar que se disparen situaciones indeseables que se están dando en otras comunidades autónomas en relación con la corrupción urbanística". Para ello, propuso el desarrollo de los reglamentos de la Ley del Suelo, aunque no descartó completarlos "con modificaciones de esa ley para que la especulación no sea posible en Extremadura".

YA EXISTE UN BORRADOR Corominas manifestó que ya se ha elaborado un borrador de lo que podría ser la futura norma, cuyo primer criterio sería exigir que los municipios, con carácter previo a cualquier movimiento que se pretenda hacer de ampliación o modificación de los usos del suelo, tengan que consultar a la Junta como responsable de la ordenación del territorio.

A partir de ahí, el Ejecutivo autonómico estudiaría la oportunidad de lo que se plantea desde el ayuntamiento, "de forma que podamos establecer un diálogo correcto con ese ayuntamiento, y, en su caso, reorientar lo que se pueda hacer".

De este modo, el Gobierno regional evaluaría cuestiones como si existe suficiente infraestructura de abastecimiento y evacuación de aguas para lo que se pretende hacer y la relación entre estas actuaciones y las del resto de municipios de la zona, "y también la relación con otros sistemas como el educativo, sanitario, de transportes y de telecomunicaciones".

Respecto al control de las actuaciones municipales, el presidente de la Agencia de la Vivienda explicó que ya hay planes de ordenación para las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo, La Serena, Las Hurdes-Ambroz, Gata, Jerte y el entorno de Alqueva.

Según comentó, la idea es trasladar este mismo modelo a todas las comarcas, de manera que el crecimiento urbanístico de cualquier municipio esté consensuado y pactado previamente, y sea consultado al Ejecutivo extremeño para determinar la oportunidad del crecimiento.

Otra posibilidad es que la Junta actúe como agente urbanizador en aquellas ciudades en cuyos centros urbanos no se desarrollen actuaciones por motivos especulativos, y los valore al 50% de su precio de mercado.

La intervención de la Administración regional se daría ante la negativa de los ayuntamientos --a los que la Ley del Suelo les atribuye la figura de agente urbanizador-- a "enfrentarse" a los promotores, porque "muchas veces los promotores tienen exceso de relaciones o preocupaciones con los ayuntamientos".