Los expedientes abiertos por la Delegación del Gobierno a decenas de vecinos de Villafranca de los Barros por los incidentes ocurridos tras los plenos municipales de los últimos meses siguen generando reacciones.

El alcalde de Villafranca, el socialista Ramón Ropero, criticó el contenido de las denuncias que están recibiendo los vecinos y que se basan en los partes de la policía local. En este sentido, Ropero explica que los informes que se trasladaron a la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, hablaban de concentraciones ilegales, "de amenazas y de insultos", y no, como señalan las denuncias, de gritos reivindicativos, silbidos y abucheos. Tan claro lo tiene Ropero que asegura que "sería injusto" sancionar a alguien sólo por silbar, abuchear o gritar en contra de la refinería.

Para el alcalde villafranqués lo que está ocurriendo en los últimos días "es injusto", porque se habla de vecinos sancionados por gritar o abuchear cuando a él y al resto de los concejales del PSOE "nos llamaron asesinos y nos dijeron que nos iban a matar". Como ejemplo del grado de crispación que vive la localidad recuerda que se ha trasladado al juzgado un vídeo grabado por la televisión local en un pleno municipal y en el que se vé a un vecino amenazándole de muerte. "No se puede sancionar a nadie por gritar en contra de la refinería, pero los insultos y las amenazas no se pueden consentir", añade Ropero.

Por otra parte, ayer se celebró en Villafranca una reunión a la que acudió medio centenar de expedientados y en la que se constituyó un grupo de trabajo formado por 7 abogados --podrían llegar a ser hasta 10--, cinco de ellos de PP, Asaja, IU y Ecologistas en Acción y dos independientes.

El presidente provincial del Partido Popular, José Antonio Monago, desplazado a Villafranca, volvió a culpar de estas denuncias al presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que a su juicio está utilizando una "estrategia para tapar la boca a los ciudadanos". Monago indicó que siempre se han producido protestas en las puertas de los ayuntamientos y nunca ha habido denuncias, pero ahora "se ha llegado al máximo nivel de degeneración política".

En la misma línea se pronunció el portavoz del PP en la Asamblea, Javier Casado, para quien en Villafranca "en pleno siglo XXI la libertad de expresión no está conseguida, Torquemada se ha reencarnado en Ropero y Pereira".