Sorprendido por la firmeza de las fuerzas catalanas, incluido el PSC, en defensa de un modelo de financiación para Cataluña acorde con el que define el Estatut, José Luis Rodríguez Zapatero ha dado órdenes para que, tras el paréntesis de agosto, el Ministerio de Economía acelere las negociaciones con las 15 autonomías de régimen común. El objetivo del presidente es cerrar el pacto de financiación en septiembre, todo lo más a mediados de octubre, para así despejar el camino a la aprobación de los presupuestos del 2009. El órdago de los partidos catalanes, y en especial la amenaza del PSC de tumbar las cuentas del Estado, empieza a surtir efecto.

La ronda de contactos con los líderes parlamentarios le ha dejado a Zapatero un sabor agridulce. Porque, aritméticamente, la disposición al acuerdo de los seis diputados del PNV y los dos del BNG le bastarían, en principio, para sacar adelante los presupuestos. Pero el peaje político del incierto pacto con los nacionalistas vascos, que forzaría a los socialistas a apoyar las cuentas de Juan José Ibarretxe en plena refriega por su plan soberanista y en puertas de las autonómicas, es demasiado alto. Empeñado en ampliar su abanico de aliados para no quedar hipotecado con ninguno, el jefe del Ejecutivo no se resigna a contar solo con el apoyo del PNV.

Y es que el equipo de Zapatero intuye que, mientras perdure el desacuerdo con la Generalitat catalana, Mariano Rajoy intentará pescar en río revuelto. Su temor es que el líder del PP azuce a sus presidentes autonómicos para que no acepten las ofertas de Solbes, con el propósito de demorar el acuerdo y hurgar en la herida entre PSOE y PSC.