El decreto de trazabilidad comieza a dar sus primeros frutos. La primera reunión para abordar la situación de los robos en el campo puso ayer de manifiesto los primeros datos ligados a la normativa: en la campaña de aceituna en marcha los hurtos han caído un 41% y la la cantidad sustraída se ha rebajado también un 30% respecto a las cifras del año pasado, según los datos de la Guardia Civil aportados ayer por la delegada del Gobierno Cristina Herrera, que también anunció en el encuentro desarticulación de una banda dedicada al robo de aceitunas en la región y provincias limítrofes. Junto a eso apuntó a un cambio de tendencia en los robos, que ahora son «más cuantiosos» con remolques que se venden en otras regiones limítrofes.
El director general de Agricultura, Antonio Cabezas, dijo por su parte que se han recibido 50 denuncias de aceituna cuya procedencia no estaba clara y se han decomisado más de 3.000 kilos, recoge Efe.
Las organizaciones agrarias coincidieron en destacar los buenos resultados del nuevo decreto, si bien algunas como UPA-UCE recordaron que la caída de los robos «coincide con un año de una mala campaña», afirmó Catalina García. Además criticó que «muchos puestos de dudosa legalidad han continuado abiertos a pesar de las denuncias» y lamentó que la primera reunión para abordar este problema «se celebre cuando la campaña de la aceituna está a punto de terminar».
Por su parte el dirigente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, propuso que de cara a al próxima campaña se subsanen «errores» del decreto actual. «Hay que intensificar la vigilancia en los puestos en los que se está comprando la aceituna robada, la Junta sabe cuales son y debe ser constante en el control de esos puestos», planteó.
El dirigente de COAG, Juan Moreno, puso además el acento en la necesidad de mejorar para el próximo año «la coordinación entre las distintas administraciones» así como que la administración local «extreme los controles para otorgar licencias» a aquellos puestos de compra que tienen denuncias por practicas de dudosa legalidad.
El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, también se refirió a la necesidad de estrechar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la Junta «que está funcionando» a juzgar por los resultados dados a conocer ayer.
