Apenas diez explotaciones agrarias extremeñas aparecen inscritas en el registro de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, elaborado con la información facilitada por las comunidades autónomas y que a inicios de este mes contabilizaba 351 en el conjunto del país. Números más que escasos si se tiene en cuenta que la cifra total de explotaciones agrarias es de más de 62.500 en la comunidad autónoma y de 945.000 en todo el país.

A inicios del 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida. Entre los principales objetivos que se planteaban con la nueva normativa estaban los de profesionalizar la actividad agraria de las mujeres; mejorar la participación femenina en las organizaciones agrarias; y visibilizar la actividad de las mujeres en el campo.

La normativa permite que en las explotaciones donde hasta ahora había solo un titular pueda haber dos (junto al cónyuge o pareja de hecho), compartiendo al 50% los rendimientos. También cotizando ambos a la Seguridad Social, lo que podría permitir a muchas mujeres generar sus propios derechos laborales, en especial para poder cobrar en el futuro una pensión.

Con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 2016, en siete de cada diez explotaciones agrícolas extremeñas con una persona física como titular, esta es un hombre. Si además de titular se es jefe de explotación, la proporción de varones se acerca al 80%.

Aunque los números actuales, 10 inscripciones y 16 solicitudes tramitadas, quedan muy lejos de las estimaciones que se hicieron en el 2011, cuando se calculaba que unas 6.000 extremeñas se beneficiarían de esta ley, Catalina García, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura (Fademur) no considera que pueda hablarse de fracaso. «Hay que darle margen todavía. Es un derecho que hemos conseguido que se reconozca después de muchos años de lucha», argumenta.

En Extremadura no fue hasta julio del 2016 cuando se publicó en el DOE el decreto por el que se creaba y regulaba el Registro de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias de la región. «La ley ha estado durante cuatro años, toda la legislatura del PP, guardada en un cajón y ahora se están empezando a dar a conocer sus ventajas, aunque aún queda mucho por hacer», resalta. También se incide en este aspecto desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural extremeña para la que, a la hora de valorar los datos del registro, hay que tener en cuenta que han sido «cinco años sin poder aplicar la ley. Ni el anterior gobierno de Monago ni el actual de Rajoy apoyaron esta medida».

En un sector muy masculinizado y en el que el tamaño de las explotaciones hace en ocasiones difícil tener margen para pagar dos cuotas a la Seguridad Social, Catalina García hace hincapié en la necesidad de poner en marcha medidas que fomenten la cotitularidad. «Igual que se incentiva la incorporación de los jóvenes a la empresa agraria, hay que hacerlo con la de las mujeres, tengan la edad que tengan», esgrime.

El hecho de que una mujer trabaje ‘en negro’ en una explotación o lo haga por cuenta ajena, como una empleada, es además un obstáculo para su participación en los consejos reguladores, en las cámaras agrarias o en las comunidades de regantes. También en los consejos rectores de las cooperativas. «Se pueden contar con los dedos de una mano las mujeres que estamos en puestos directivos de cooperativas en toda Extremadura», lamenta la presidenta de Fademur. Y eso, añade, «que en cada pueblo hay una».