Carlos de Inglaterra tiene problemas como casero. Algunos de sus inquilinos en las islas de Scilly, al suroeste de Inglaterra, quieren forzarle a que les venda las casas que actualmente ocupan en régimen de alquiler. Las viviendas forman parte del ducado de Cornualles, instituido en 1337 para asegurar los ingresos del heredero al trono.

La legislación inglesa, establecida hace seis años, permite que si una persona ha ocupado una propiedad durante al menos 21 años puede exigir al propietario que se la venda. Hay un precedente que juega en contra del príncipe. La norma ya ha obligado al mayor terrateniente privado del país, el duque de Westminster, a vender alguna de sus preciadas posesiones tras perder un litigio en los tribunales.

MAS DE 20 MILLONES AL AÑO Los asesores del príncipe argumentan que el ducado de Cornualles, dado su excepcional carácter, está exento de esta obligación legal, algo que no ocurre con otras propiedades de la Corona. Pero los isleños han decidido poner el caso en manos de un bufete de abogados con el objetivo de aclarar cuáles son sus derechos. El ducado de Cornualles proporciona al príncipe de Gales más de 20 millones de euros al año.