La Fiscalía ha pedido hoy la desestimación de la demanda, "en los términos en que está planteada", de medidas cautelares hecha por el abogado de Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, en defensa de su imagen y privacidad. En un extenso alegato final, el fiscal del caso, Antonio Huélamo, ha considerado que, "sin perjuicio de reconocer" el derecho a la privacidad, no es necesaria ninguna medida cautelar para preservar la publicación de unas imágenes "que ya han sido difundidas" y que el propio abogado de Ortiz, Fernando Garrido, ha aportado como pruebas en una demanda interpuesta contra 57 medios de comunicación.

El alegato del fiscal ha puesto fin a la audiencia de casi seis horas presidida por la titular del juzgado de primera instancia número 3 de Toledo, la jueza María Lourdes Pérez Padilla, quien dispondrá de hasta cinco días hábiles para comunicar su decisión. Garrido dijo que las medidas cautelares son para defenderse del "insoportable acoso" ejercido por varios medios de comunicación especializados en "prensa rosa". El abogado alegó que sus representados "no son personajes públicos, no son ni quieren ser famosos" y "no quieren que se les fotografíe sin su consentimiento y ése es su derecho y su libertad".

Agregó que "el morbo no cesa desde que llegaron a España hace cuatro meses" y que se da un "permanente acoso las 24 horas del día" que, incluso, pone en peligro la "integridad física" de Telma Ortiz, y todo esto es, dijo, "el colmo de la desmesura". Garrido dijo que las cautelas solicitadas eran para "prevenir la reiteración de conductas perturbadoras" y poner fin al "insoportable y permanente" acoso al que es sometido la pareja, para la que pidió que "se les deje en paz".

Telma Ortiz compareció al inicio de la vista, pero su asistencia durante toda la jornada fue luego excusada, tanto por la jueza como por los abogados de los medios demandados, para que pudiera atender la lactancia de su hija de apenas un mes de vida. La demanda fue rebatida por 25 abogados representantes de esos medios, que han pedido a la jueza que rechace las medidas cautelares por no ajustarse a derecho y considerarlas discriminatorias e inconstitucionales.

El argumento más esgrimido por los letrados fue que la petición de las medidas en defensa de la protección del honor, la intimidad y la propia imagen son "a futuro" e implican una "censura previa" que va en contra de la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución. Los abogados pusieron en tela de juicio el fondo y la forma de la demanda, ya que se ha presentado contra cabeceras de medios sin personalidad jurídica, contra algunos que ya no existen o que han publicado las mismas informaciones que otros no demandados.

De forma coordinada, todos reclamaron el rechazo de la demanda por "discriminatoria y de mala fe", por ir contra medios muy selectivos o meter a otros en la demanda, en una suerte, a su juicio, de "totum revolutum" que los más afectados rechazaron de plano y reclamaron el pago de las costas a los demandantes.

Los abogados expusieron la "acreditada notoriedad pública" de los demandantes y la abogada de La Sexta Televisión, Marta Torres, llegó a señalar al respecto que la pareja hizo uso de sus influencias para inscribir a su hija en el registro civil de Madrid, en plena huelga judicial. Los abogados han repetido casi al unísono que la presencia de la pareja en los medios de comunicación es una "situación consentida" por ella desde el 2003 y reclamar ahora medidas cautelares supone un "veto sine die" para ejecutar el derecho a la información consagrado constitucionalmente.