La operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella ya tiene el interés internacional que le faltaba a la ciudad adorada por la jet set . El actor escocés Sean Connery y su mujer, Michelline, han sido citados a declarar ante un juzgado marbellí como imputados en relación a un supuesto delito urbanístico, así como otros de prevaricación y de blanqueo de capitales. La investigación se centra en la recalificación de una finca que el actor vendió y que acabó convertida en una urbanización de lujo.

En la causa que se instruye en el juzgado número 1 no falta ninguno de los habituales en estos procesos: los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, sus entonces asesoras jurídicas y varios exconcejales del antiguo Grupo Independiente Liberal (GIL). Todos ellos, así como cinco abogados pertenecientes al bufete DB&T --con sede en Madrid y Marbella y cuyas oficinas fueron registradas el pasado miércoles-- están citados a declarar ante el juez a finales de este mismo mes.

OPERACION GOLDFINGER Los policías no han titubeado al poner nombre a la operación: Goldfinger, en referencia a la película del mismo título de 007 que interpretó Connery. Se inició en el 2007, a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por varios delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

En el caso del célebre actor, la investigación se centra en la venta de un terreno de su propiedad sobre el que estaba edificado Casa Malibú, un chalet en el que la estrella, de 78 años, pasaba largas temporadas.

La venta se consumó en 1999 a través de una inmobiliaria por un valor cercano a los siete millones de euros. Años después la finca, destinada inicialmente a uso residencial, pasó a convertirse en un complejo de pisos de lujo. Las investigaciones señalan que fue un bufete de abogados, entre cuyos clientes se encontraba Connery, quien negoció con Roca y los alcaldes de turno (primero Jesús Gil y luego Julián Muñoz) en representación de la sociedad propietaria, Malibú SA.

A través de varios convenios, fórmula adoptada por el equipo de gobierno para saltarse la legalidad, consiguieron la recalificación del terreno en cuestión y una mayor edificabilidad, por lo que el juez ahora trata de esclarecer el perjuicio para las arcas municipales.

No es el primer sobresalto judicial para Connery. El pasado marzo fue citado por un tribunal de Ginebra para explicar la supuesta venta fraudulenta de unos títulos de propiedad y joyas que recibió como garantía de un préstamo, por menor cuantía, a un inversor. Este le acabó devolviendo el dinero, por lo que su hijo exige ahora al actor el beneficio obtenido con la venta.