Las ciudades han levantado la voz en el día en el que ha expirado el plazo para que España y otros 24 miembros de la UE acogieran a un cupo de refugiados acordado por la Comisión Europea hace dos años. Un día en el que el Gobierno de Mariano Rajoy ha destacado por quedar en el puesto 17º de la lista en cumplimiento de lo que se pactó. España solo ha acogido a un 13,7% de los refugiados a los que se comprometió a recibir.

Ante esta situación, 25 ciudades españolas que integran la red ‘ciudades refugio’ han reclamado que les sean traspasadas las competencias que les permitirían acoger a extranjeros que huyen de conflictos, de la falta de oportunidades económicas y de ambas cosas. El teniente de alcalde de Derechos de ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, ha actuado como portavoz de la red, ha subrayado que ya ahora son muchos los refugiados que llegan por vías diversas y que son atendidos por los ayuntamientos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado en un mesaje en una red social: "Miles de personas estarían a salvo si Rajoy hubiera cumplido su compromiso de acogida".

“Tenemos disposición y capacidad para atender”, ha dicho Asens, que ha acusado al Ejecutivo central de mantener una política de “puertas cerradas”, informa Efe. Lo que falta a los consistorios, ha proseguido, son los recursos de la UE que ahora recibe el Estado. Los representantes municipales se han reunido este martes con grupos parlamentarios de Podemos, PDeCAT, ERC y Compromís en el Congreso, ante los que han verbalizado la petición del traspaso de competencias.

Municipios contra Rajoy

Asens ha recordado que Barcelona ha invertido 1,5 millones de euros en alojamiento de emergencia que debería haber sufragado el Estado. Ha reclamado la devolución del dinero y, en caso de que la respuesta sea una negativa, ha pedido al Gobierno que “deje actuar a las ciudades”.

El concejal de Las Palmas Jacinto Ortega ha considerado que Rajoy “no ha estado a la altura de los ciudadanos” y ha lamentado que su Gobierno haya ignorado a las ciudades hasta el punto de no atender sus peticiones para reunirse y abordar la acogida.

Queja de la Generalitat

También ha protestado el Gobierno catalán. La ‘consellera’ de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha denunciado el “doble bloqueo” del Estado a la acogida de refugiados: “Primero, incumpliendo los compromisos adquiridos y, segundo, con un programa de acogida centralizado y que no cubre los aspectos básicos”.

La Generalitat, como el Ayuntamiento de Barcelona, pusieron un empeño considerable en la acogida de refugiados, si bien es cierto que no les falta trabajo: aunque no sean del cupo acordado por la Comisión Europea, llegan cada día, por vías tan distintas como el avión o la patera, personas que huyen de sus países víctimas de la violencia, la homofobia, la vulnerabilidad económica. En Barcelona, de enero a mayo, se duplicaron las peticiones de extranjeros en busca de refugio.