El 6 de marzo de 1988, tres soldados de las SAS (unidad de élite del Ejército británico), vestidos de civil, mataron a sangre fría a tres miembros desarmados del IRA en Gibraltar. Los soldados dijeron que creían que los terroristas estaban a punto de activar una bomba por control remoto. La investigación demostró que los fallecidos no llevaban encima ningún dispositivo para activar un explosivo.
Un tribunal gibraltareño dictaminó la legalidad de la acción. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció que esas muertes pudieron evitarse.
