La crisis económica se está revelando la herramienta perfecta de muchos gobiernos para recortar derechos fundamentales y aumentar los abusos contra la población. Es una de las conclusiones del informe anual de Amnistía Internacional (AI) que, de forma simultánea, fue presentado ayer en todo el mundo con el análisis pormenorizado de la situación en 157 países.
Esta alerta global es aplicable tanto a los países en vías de desarrollo como a los que integran el primer mundo. En los primeros, la escasez y el encarecimiento de la comida y del agua potable, unido a la falta de tierra y vivienda, han aumentado las protestas ciudadanas, reprimidas con dureza por los gobiernos, muchos de ellos autoritarios. Es el caso, por poner solo unos ejemplos, de Zimbabue o Túnez.
En el mundo desarrollado, léase la UE y, concretamente, España, se están produciendo restricciones en la legislación sobre inmigración y derecho a asilo en aras de la recuperación económica, denuncia Aministía.
La oenegé hizo especial hincapié en la falta de compromisos del G-20 con los derechos humanos. En el 2008, el 78% de las ejecuciones en todo el mundo se llevaron a cabo en países integrantes del G-20, entre ellos EEUU, Arabia Saudí y China.
