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MEDIDAS ANTITERRORISTAS EN LA UE

Amnistía denuncia el desmantelamiento de derechos y libertades en Europa

La organización analiza en un informe presentado este martes el impacto de las medidas antiterroristas adoptadas en 14 estados miembros en los dos últimos años

 

Agentes de policía belgas montan guardia durante una operación de seguridad en el distrito de Molenbeek, en Bruselas, el 18 de marzo del 2016. - REUTERS / FRANÇOIS LENOIR

SILVIA MARTÍNEZ / BRUSELAS
17/01/2017

Vigilancia indiscriminada, actuación de los servicios de inteligencia con poco o ningún control judicial previo o restricciones a la libertad de expresión. Los gobiernos europeos han puesto en marcha en los dos últimos años una batería de medidas contra el terrorismo que lo que están consiguiendo es afianzar su poder y desmantelar derechos y libertades. Es lo que ha denunciado este martes la organización Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que evalúa la evolución en 14 estados miembros -entre ellos España- así como las medidas adoptadas a nivel internacional y europeo.

“Tras una serie de ataques espantosos -desde París a Berlín- los gobiernos se han precipitado a la adopción de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, denuncia el director de AI para Europa, John Dalhuisen. “Estas medidas contraterroristas son lo suficientemente preocupantes de forma individual, pero cuando se las examina en conjunto vemos emerger una fotografía perturbadora en la que poderes no controlados están pisoteando las libertades que desde hace mucho tiempo se han dado por sentadas”, añade.

El estudio analiza en detalle ocho ámbitos: estado de emergencia,principio de legalidad, derecho a la privacidad y vigilancia,libertad de expresión, derecho a la libertad, libertad de movimiento, retirada de la nacionalidad y prohibición de retorno de inmigrantes si supone un riesgo para su vida. La conclusión de los expertos es contundente. “Los gobiernos europeos están utilizando las medidas contraterroristas para consolidar sus poderes draconianos, apuntar a grupos concretos de forma discriminatoria y restringir los derechos humanos bajo el disfraz de su defensa”, explica Dalhuisen.

Según Amnistía, gobiernos e instituciones han respondido a los recientes ataques terroristas proponiendo, adoptando e implementando una oleada de medidas que han erosionado el Estado de derecho, eludido el control judicial y expuesto a todo el mundo a una vigilancia generalizada, y el riesgo es que esta tendencia vaya a más. “Ladrillo a ladrillo, el edificio de la protección de derechos que se había construido con tanto cuidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado”, señala el documento, que analiza en detalle la situación además de España, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Eslovaquia y el Reino Unido.

ESTADO DE EMERGENCIA PERMANENTE

En muchos de estos países se han llevado a cabo cambios constitucionales para facilitar o prolongar una medida que, según AI, debería ser temporal pero que se está convirtiendo en la nueva normalidad como es el estado de emergencia o la concesión de poderes especiales a los servicios de inteligencia con escaso control judicial o ninguno. Este es el caso de Francia, por ejemplo, que ha renovado en cinco ocasiones desde los atentados de París del 13 de noviembre del 2015 el estado de emergencia y que lo utilizó para mantener bajo arresto domiciliario a varios activistas antes de la conferencia internacional sobre el clima de París a finales del 2015.

Pero no es el único. Bulgaria tramita, según Amnistía, una nueva ley que no recoge las suficientes medidas de salvaguarda para proteger derechos y libertades, algo que ya han hecho Polonia o Hungría, cuyas autoridades han sido “particularmente agresivas” a la hora de vincular refugiados y la amenaza del terrorismo.

Además, muchos gobiernos han aprovechado los acontecimientos en estos dos últimos años para estrechar la vigilancia con nuevas leyes que permiten una vigilancia masiva. Este es el caso del Reino Unido, Francia o Alemania pero también Bélgica, Holanda,Polonia, Hungría o Austria, donde se permite “el acceso a datos de millones de personas”. La legislación polaca, por ejemplo, permite, según critica Amnistía, vigilar sin control a extranjeros y controlar sus comunicaciones electrónicas así como vigilar las redes de telecomunicaciones sin orden judicial durante un período de tres meses.

GOLPE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Pero no solo el derecho a la privacidad se ha visto golpeado. La libertad de expresión también se ha visto atacada, y como ejemplo Amnistía Internacional denuncia el caso de los titiriteros detenidos y acusados de glorificación del terrorismo tras una actuación satírica durante los carnavales de Madrid en la que una marioneta sostenía una pancarta en la que se leía “Gora Alka-Eta”. Un juez de Madrid de hecho archivaba la semana pasada la causa abierta al no quedar probado ningún delito.

Las medidas que restringen la libertad de expresión no atañen solo a los estados miembros. La Unión Europea, alerta Amnistía, también está tramitando una propuesta de directiva para combatir el terrorismo que podría limitar la libertad de expresión. “Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y siempre debe recibir una respuesta resolutiva, el papel de los gobiernos debería ser dar seguridad a los ciudadanos para que puedan disfrutar de sus derechos más que resringirlos en nombre de la seguridad”, reivindican.