La presión sobre el Gobierno de la presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, crece por momentos dentro y fuera del país, pero mientras, la vida del español Paco Larrañaga (27 años) corre peligro. El joven lleva ya ocho años en prisión y dos en el corredor de la muerte, esperando su ejecución. Otro español que sabe bien lo que se siente en ese lóbrego lugar, José Joaquín Martínez, se unió ayer a la campaña emprendida por Amnistía Internacional (AI) y dijo que, si no se trabaja rápido, "se puede empezar a hablar del primer español ejecutado".

Ayer, coincidiendo con el Día Internacional contra la Pena de Muerte, la organización entregó a la Embajada de Filipinas 210.000 firmas dirigidas a Macapagal Arroyo para pedirle que indulte a Larrañaga, uno de los tres españoles que esperan su ejecución en todo el mundo. Los otros dos son Nabil Manakli, de origen sirio, que está encarcelado en Yemen acusado de planear actos de sabotaje y un atentado bomba; y Pablo Ibar, estadounidense de padres vascos, acusado del asesinato de tres personas durante un robo en 1994.

Larrañaga, hijo de vascos, está acusado del secuestro, violación y muerte de dos mujeres en la isla de Cebú, a 570 kilómetros de Manila. El joven ha mantenido su inocencia, argumentando que el día de autos se estaba examinando en Manila. Pero un juicio irregular --ni él ni 35 testigos pudieron declarar y no se pidió el ADN del único cuerpo hallado-- lo ha llevado a New Bilibid, la prisión más grande del Sureste asiático, con 16.000 presos.

APOYO DEL GOBIERNO Y EL REY Desde España, su familia y Amnistía Internacional llevan años de campaña. El Gobierno, con el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y la Casa del Rey solicitarán la clemencia a la presidenta filipina.

El director de AI en España, Esteban Beltrán, explicó ayer que las autoridades de Manila son conscientes de que existe "una enorme presión internacional" para que no se ejecute al español y que en el mismo país la presión de más de un centenar de diputados filipinos y de obispos católicos están ayudando a arrinconar al Gobierno para que se consiga la abolición.

En el 2004, según datos de la organización, un total de 3.797 personas fueron ejecutadas. El 94% de esas personas se concentraron en cuatro países: China (3.400), Irán (159), Vietnam (64) y EEUU (59).

Larrañaga, según Josean, un tío del condenado, está "por momentos un poco deprimido, pero las cosas como las que hemos realizado hoy por ayer le dan mucha alegría". "Esperamos tenerle pronto aquí, frente a la embajada, celebrando su salida de la cárcel", aseguró.