La isla de Guadalupe, en las Antillas francesas, amaneció ayer con nueve barricadas en puntos estratégicos de las carreteras principales, levantadas luego por la policía, que detuvo a 50 personas. Era el signo del endurecimiento de un conflicto social, político y racial que se prolonga ya un mes y que se extendió hace dos semanas a la vecina Martinica. En otro departamento de ultramar, la isla de Reunión, en el Indico, se ha convocado una huelga general para el 5 de marzo y se teme que la Guayana francesa, en América del Sur, se sume a un movimiento contra la carestía de la vida y por el abandono al que, según los convocantes, la metrópoli ha sometido a estos territorios.

Después de semanas de silencio, el Estado ha comenzado a preocuparse por un conflicto que ha transcurrido de forma pacífica, pero en el que cualquier grave incidente podría desencadenar una insurrección. París ha enviado a Guadalupe varios escuadrones de gendarmes. Uno de ellos (75 hombres) intervino el sábado para proteger la apertura durante cuatro horas de uno de los mayores supermercados de la isla, cerrado desde el 22 de enero. Los únicos incidentes se produjeron el viernes entre huelguistas y comerciantes.

La huelga general se inició en Guadalupe el 20 de enero, convocada por el colectivo LKP (siglas en criollo de Unidos contra la Explotación), que agrupa a 49 entidades y que reclama medidas contra la carestía de la vida, mucho mayor que en la metrópoli. Dirigido por el carismático Elie Domota, secretario general del sindicato independentista UGTG --el principal del archipiélago--, el colectivo ha paralizado Guadalupe, que lleva 29 días sin colegios, con gasolineras y supermercados cerrados, sin correo y con el aparato administrativo parado.

El presidente Nicolas Sarkozy pidió el viernes la constitución urgente de un comité interministerial para proponer una nueva política sobre ultramar. Pero todas las miradas se dirigen a los llamados békés, los blancos descendientes de los colonos esclavistas que dominan la economía de las islas. Son solo el 1% de la población y menos de 10 familias controlan los monopolios de gasolina, las grandes superficies y los negocios de importación y exportación, donde fijan los precios a su antojo con sistemas similares a los de la mafia.