La Cámara de Diputados argentina declaró en la madrugada de ayer la "nulidad absoluta" de las leyes que protegieron a los violadores de derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983). Para la mayoría, que votó a mano alzada, fue un "acto histórico" y "reparador". Otros hablaron de oportunismo y hasta de sed de revancha, y como la nulidad debe ser ratificada por el Senado en los próximos días, no se descarta que surjan serios inconvenientes en esa segunda fase.
Los constitucionalistas ya se adelantaron a ese debate y empezaron a discutir si la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida tendrá efectos reales en el campo jurídico y permitirá procesar a cientos de represores o si se trató solo de un gesto político. El único acuerdo es que la palabra definitiva la tendrá un cuestionado Tribunal Supremo.
OCHO HORAS DE SESION
La sesión parlamentaria duró ocho horas y fue seguida frente al Congreso por miles de personas que esperaron durante años ese momento. Hubo lágrimas y abrazos interminables entre familiares de las víctimas y supervivientes de los centros de tortura. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner obligó al peronismo (en el poder) a dejar de ignorar el reclamo de justicia. Nada, sin embargo, ha sido gratuito: para terminar con uno de los eslabones de la impunidad, sectores del partido gobernante pidieron a cambio que no se anulen los indultos a los comandantes concedidos en 1990 por Carlos Menem.
Además de votar la nulidad de las eufemísticamente llamadas "leyes de perdón", los diputados le dieron rango constitucional a la Convención de Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. También aprobaron un proyecto que introduce en la legislación argentina los alcances de ese tratado internacional, según el cual los delitos a los que alude "no podrán beneficiarse en ningún caso con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal".
El jefe de Gabinete del presidente Kirchner, Alberto Fernández, dijo ayer que la decisión tomada por la Cámara de Diputados es "un hecho histórico que devuelve tranquilidad a la Argentina porque se recupera la senda de la justicia".
Al margen de la satisfacción oficial, las opiniones de los expertos son menos optimistas respecto a lo que pueda suceder. No tardaron en hacerse escuchar las voces que cuestionan la capacidad del Congreso para ir contra sus propias decisiones. Diversos especialistas señalaron que, en rigor, lo resuelto por el poder legislativo no obliga a los jueces a considerar anuladas las leyes de impunidad: solo instala otras condiciones políticas que los magistrados no podrán pasar por alto como venía sucediendo. De hecho, ya existen dos fallos de primera instancia en contra de las dos leyes sobre los cuales el Tribunal Supremo argentino todavía no se ha pronunciado.
Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el organismo humanitario que con mayor tenacidad ha luchado por volver a sentar a los militares en el banquillo, reconoció a Clarín que, en adelante, "los jueces tendrán bien claro cuál es la voluntad política del Congreso sobre el tema".
