Desde la particular óptica del PP, el verdadero escándalo acontecido en Madrid no es la traición de Eduardo Tamayo y Teresa Sáez ni la consiguiente subversión del resultado electoral. El hecho más grave, según denunció ayer Javier Arenas, es el "espionaje teléfonico" sufrido por el PP.
El número dos del PP achacó al líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, la "responsabilidad política" de esta intromisión por haber autorizado el uso político de datos telefónicos obtenidos ilícitamente.
Telefónica ha admitido que dos de sus trabajadores accedieron, entre otras, a la lista de llamadas de los móviles del PP madrileño. Por eso ayer Arenas dijo que, "de probarse ese espionaje ilegal y punible", sus "responsables políticos" serían Zapatero y el líder de IU, Gaspar Llamazares, pues "sin su consentimiento" no se hubieran usado esas llamadas en la comisión de investigación de la Asamblea.
PACTO ANTITRANSFUGUISMO
Arenas, además, rechazó reunir este mes el pacto antitransfuguismo para, como exige el PSOE, discutir la negativa del PP a despojar de privilegios a Tamayo y Sáez. Carme Chacón (PSOE) replicó que su partido no acudirá a ese foro hasta que el PP rompa su "coalición" con los tránsfugas.
