En lo que fue considerado por las organizaciones de derechos humanos una peligrosa maniobra dilatoria, el Tribunal Supremo argentino decidió ayer que sea una instancia inferior, la Cámara de Casación Penal, la que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que beneficiaron en 1987 a los represores de la dictadura.

Ni siquiera la nulidad de las leyes aprobada por el Parlamento y la reapertura de dos causas judiciales ordenada por la Cámara Federal, hace menos de un mes, conmueve al máximo tribunal argentino, que desde hace dos años evita pronunciarse sobre un tema que ya tiene dos dictámenes favorables a la anulación.

Así, mientras el presidente, Néstor Kirchner, trata de acelerar los pasos, los magistrados, en buena parte vinculados al expresidente Menem, actúan en la otra dirección.