En la que se considera la primera consecuencia judicial de la anulación de las leyes de impunidad por parte del Parlamento argentino, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó ayer la reapertura de dos importantes causas por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura (1976-83) que involucran a la mayoría de los militares reclamados por el juez español Baltasar Garzón y actualmente detenidos.
Unos 70 represores en total pueden ser otra vez procesados en el marco de las investigaciones de lo ocurrido en el Primer Cuerpo del Ejército y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención por el que pasaron unas 5.000 personas.
Los jueces federales Sergio Torres y María Servini de Cubría quedaron a cargo de las causas número 450 y 761 y ya están en condiciones de detener a los militares en su momento beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final. No se descarta que suceda algo insólito en los tribunales: que el juez federal Raúl Canicoba Corral libere en las próximas horas a los que fueron detenidos por solicitud de Garzón --pero que el Gobierno español ha desistido de reclamar su extradición-- y, de inmediato vuelvan a ser arrestados por las causas reabiertas.
La Cámara Federal fue la que en 1985 condenó a cadena perpetua a los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. El año pasado, su Sala Segunda convalidó un dictamen del juez Gabriel Cavallo que había declarado inconstitucionales las leyes de impunidad. Con esta decisión, emite un claro mensaje a un Tribunal Supremo que demoró su pronunciamiento sobre la validez de las leyes de obediencia debida y punto final mucho antes de que tomara cartas sobre el asunto el Parlamento.
La causa ESMA, que involucra a Massera y a oficiales símbolo de la represión como Jorge Tigre Acosta y Alfredo Astiz, el Angel de la muerte , es un expediente de 78 tomos con elementos que, en 1987, cuando fue congelado, contenía elementos probatorios muy contundentes. Con el paso de los años se descubrieron nuevos hechos y responsables.
CASI 500 IMPLICADOS
La otra causa, la 450, cerraría el cerco otra vez alrededor de policías, parapolicías y militares que eludieron la justicia 16 años atrás. Entre ellos está el general Antonio Domingo Bussi, uno de los pesos pesados que Garzón intentó extraditar.
Además, un fiscal reveló a Efe la posibilidad de presentar una denuncia con el mismo contenido que la que tramita Garzón en España, en la que los represores están acusados de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.
"He dispuesto la libertad de los militares detenidos para que se hagan efectivas el día de hoy", anunció ayer el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El juez decidió la liberación de los represores de la dictadura argentina reclamados por el juez español Baltasar Garzón tras recibir, vía Cancillería argentina, la nota oficial del Consejo de Ministros de España en la que se comunica que no se tramitarán las peticiones de extradición.
