El estado de Arizona encendió el viernes el reloj del temporizador de una bomba que lleva años amenazando con estallar en EEUU: el debate sobre la inmigración. La gobernadora, Jan Brewer, firmó la normativa por ahora más dura con los inmigrantes, una ley que entrará en vigor en 90 días y que, entre otras provisiones, da a las autoridades margen legal para interrogar y detener a cualquier persona que sospechen que está ilegalmente en el país.
Ya antes de la firma, el presidente de EEUU, Barack Obama, denunció una ley que, dijo, "amenaza con minar nociones básicas de justicia así como la confianza entre policía y comunidades, tan crucial para mantener la seguridad". El cardenal de Los Angeles, Roger Mahony, habló de "nazismo" para criticar la medida y México hizo una protesta formal.
Obama, que ha inclumplido la promesa que realizó como candidato de emprender la reforma en su primer año de mandato, recordó la necesidad de impulsar el proceso en el Congreso si se quiere evitar que se reproduzcan en otros estados pasos "equivocados" como el de Arizona.
La reforma de la inmigración tendrá efectos en las elecciones legislativas de noviembre. El peso del voto hispano es cada vez mayor, pero la crisis económica ha agudizado sentimientos y actitudes contra los inmigrantes.
