El terrorismo irrumpió ayer de forma inesperada en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de Irán, previstas para el próximo viernes. Cinco artefactos explosivos, dos de ellos coches bomba, mataron a nueve personas y dejaron heridas a más de 93. Cuatro de esas explosiones se produjeron en Ahvaz, capital de la rica provincia petrolífera de Khuzestán (en la frontera con Irak), y otra en Teherán. El régimen de Teherán acusó a "terroristas entrenados por EEUU" y llegados desde Irak.

En Ahvaz, tres de los artefactos estallaron junto a edificios gubernamentales, uno de ellos el que alberga la oficina del gobernador, y el cuarto en un complejo residencial propiedad de los medios de comunicación públicos. Algunas fuentes dijeron que entre los muertos había mujeres y niños.

INTEGRIDAD TERRITORIAL Las autoridades también señalaron que los atentados eran un ataque directo contra la "integridad territorial del país", en alusión a los grupos árabes que el pasado abril protagonizaron en Ahvaz violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La revuelta estalló tras filtrarse una información que revelaba un supuesto plan del Gobierno para repoblar Ahvaz de iranís no árabes. Pese a que los árabes son el 3% del total de la población, son mayoría en Ahvaz y mantienen una fuerte presencia en la provincia, de la que se extrae gran parte del petróleo del país.

El grupo independentista Frente Popular Democrático de Ahvaz desmintió ayer estar detrás de los atentados y responsabilizó de las explosiones a otro grupo también árabe, denominado Brigadas de los Mártires Revolucionarios de Ahvaz.

Los atentados han manchado de sangre los días previos a las presidenciales a las que concurren ocho candidatos. El gran favorito es el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani, de 70 años, que forma parte de la vieja guardia del régimen iraní y es conocido por sus ideas conservadoras. El expresidente apareció el sábado en un programa de televisión para responder en directo a las preguntas de varios jóvenes.

Fuera del país, la organización de derechos humanos Human Right Watch denunció el déficit democrático de las elecciones, en la que todos los candidatos son oficialistas. El organismo que validó las candidaturas, el Consejo de Guardianes de la Revolución, sólo aceptó ocho de las más de mil presentadas.