El Líbano vivió ayer la peor jornada de violencia desde el final de la guerra civil en 1990. Cientos de soldados se enfrentaron con milicianos del grupo extremista Al Fatá al Islam (AFAI) en el paupérrimo campo de refugiados palestino de Nahar al Bared, muy cerca de Trípoli, y en las calles de esta ciudad norteña, de mayoría suní. La despiadada batalla, que obligó a la población a encerrarse en sus casas, se saldó con la muerte de 23 soldados, 19 guerrilleros y al menos seis civiles, incluidos dos niños.

Las hostilidades comenzaron de madrugada, después de que AFAI, un grupúsculo ideológicamente cercano a Al Qaeda pese a la vinculación siria que le achaca el Gobierno libanés, atacara un puesto militar. Los combates prosiguieron después en un edificio del centro de Trípoli donde varios combatientes de AFAI se habían hecho fuertes. Según la cadena de televisión libanesa LBC, entre los combatientes muertos hay varios extranjeros.

Ayer, el Ejército sufrió lo indecible para doblegar a los miembros de AFAI, y eso que atacó el campo de refugiados con morteros, tanques y lanzagranadas. Durante la noche, aún se oían disparos esporádicos en Trípoli, a donde fueron enviados importantes refuerzos militares. El Ejército rodeó el campamento de refugiados palestinos de Nahar al Bared, donde se creó ese grupo extremista integrado por fundamentalistas palestinos y de otros países árabes.

Recientemente cuatro miembros del grupo, todos sirios, fueron condenados por perpetrar en febrero un atentado en dos autobuses de un barrio cristiano de Beirut que mató a tres civiles.

El Gobierno prooccidental libanés interpretó una vez más lo ocurrido ayer como un intento de sabotear la creación del tribunal internacional, cuyo borrador se distribuyó la semana pasada entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. "Alguien está intentando crear el caos para decirle al mundo: si se crea el tribunal habrá problemas de seguridad en el Líbano ", dijo el ministro del Interior, Ahmed Fatfat, en alusión a Siria.

BLOQUEO EN EL PARLAMENTO Este tribunal, que debe juzgar el asesinato en febrero del 2005 del exjefe del Gobierno Rafik Hariri, es uno de los ejes de la pugna entre el Ejecutivo y la oposición libanesa, que ha paralizado institucionalmente el país. Su aprobación en el Parlamento está bloqueada por la oposición de los partidos chiís, tanto Hizbulá como Amal, ambos prosirios. La investigación de la ONU apunta a la alta jerarquía de Damasco, y a oficiales libaneses prosirios, como responsables del magnicidio.

Francia, EEUU y Gran Bretaña, aliados del Gobierno de Fuad Siniora, defienden el tribunal bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que no requiere la aprobación parlamentaria en Beirut.