Después de conseguir que el grupo bancario español BBVA y la aseguradora suiza Zurich acepten transferir al Estado las acciones de las petroleras nacionalizadas que administraban en sendos fondos de pensiones, el Gobierno boliviano de Evo Morales anunció ayer que "entregará" a las comunidades de indígenas y campesinos hasta 4,5 millones de hectáreas de tierras propiedad del Estado o las que considere improductivas. "Nadie expropiará tierras, se garantizará la propiedad que está cumpliendo la función económica y social, como dice la Constitución", aseguró el vicepresidente, Alvaro García Linera, al dar a conocer los "decretos supremos".

Las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) Previsión, filial del BBVA, y Futuro, del grupo Zurich, anunciaron ayer que entregarán las acciones que administran en tres petroleras nacionalizadas."Estamos en una fase de diálogo con el Gobierno en aspectos técnicos, lo único que nos interesa es salvar nuestra responsabilidad y que el Estado reciba en las mejores condiciones las acciones", dijo el presidente de Previsión, Ildefonso Núñez, a la cadena de televisión ATB.

SIN ALTERNATIVA Núñez, que horas atrás reclamó "seguridad jurídica" a las autoridades, descartó que el BBVA estudie demandar al Estado boliviano ante el Tribunal Constitucional. En cambio, Gonzalo Bedoya, de la AFP Futuro (Zurich) dijo por su parte que, no habiendo "otra alternativa", cederán las acciones "bajo protesta y con la prerrogativa de reservarse los derechos que faculta la ley".

En su editorial de ayer, el diario La Razón de La Paz, sostuvo que la decisión estatal de disponer la transferencia de las acciones que tienen los bolivianos en las empresas petroleras y que se hallan en fideicomiso de las AFP "se ajusta a la ley". Lo ideal, añadió sin embargo, "habría sido no llegar al extremo de dictar un decreto" y que se tenga que dar un plazo perentorio. "Ambos extremos pueden resultar irritantes y ser mal comprendidos por la comunidad internacional", concluyó.

INQUIETUD EN SANTA CRUZ Mientras, en un nuevo golpe de timón, el vicepresidente del país presentó ayer la propuesta para eliminar los latifundios ociosos y repartir esas tierras entre comunidades indígenas y campesinos. "Estos procesos excluyen a las áreas protegidas y a las concesiones forestales", recalcó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Pero, como era de esperar, la medida no provocó entusiasmo en Santa Cruz, la región más rica de Bolivia, que representa el 43% de la producción agropecuaria nacional. Lo mismo ocurrió en Beni, la otra prefectura próspera del país, donde se concentran parte de las tierras en el punto de mira del Gobierno. "Están creando incertidumbre y zozobra", dijo su prefecto, Ernesto Suárez.

"Todos los bolivianos tenemos derecho a producir y a mantener a nuestras familias", pareció responderles García Linera. Para llevar adelante esta iniciativa, el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) necesita modificar la ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La propuesta, se dijo en La Paz, tiene un enfoque de género, al dar un trato preferente a las mujeres indígenas y jefas de familia en el otorgamiento de los nuevos títulos.

En el 2001, el entonces presidente conservador, Jorge Quiroga, se comprometió a distribuir 3,8 millones de hectáreas a favor de las familias indígenas. La oferta nunca se hizo efectiva, y el MAS la retomó en la campaña electoral.

ADVERTENCIA Para el director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS), Carlos Romero, los decretos no deben provocar alarma, ya que no es una reforma agraria. El presidente del Comité pro-Santa Cruz, Germán Antelo, advirtió de que si las tierras "son repartidas y colonizadas por gente del altiplano que vendrá a destruir los recursos forestales y agrícolas de los cuales viven los cruceños, habrá enfrentamientos".

Santa Cruz produce dos millones de toneladas anuales de soja en grandes extensiones. Solo el 45% del negocio agrícola está en manos bolivianas.