Italia pasa página en materia de inmigración y seguridad. Tal vez. El Gobierno de Silvio Berlusconi aprobó ayer en Nápoles la introducción por primera vez en Europa del delito de ser inmigrante sin papeles, tal como pedía la ultra Liga Norte, principal aliado de la coalición conservadora italiana.

Berlusconi cumplió con la promesa electoral de hacer su primer Consejo de Ministros, que duró más de cuatro horas, en Nápoles, donde en los últimos días fueron atacados varios campamentos de gitanos.

La minoría progresista y centrista calificó la decisión de "ineficaz y contraproducente", y anunció "una dura batalla en el Parlamento", donde el centroderecha cuenta con la mayoría absoluta. La Iglesia católica consideró estas medidas "un error", ya que, según el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo. Para Berlusconi, en cambio, "un Estado democrático debe garantizar a los ciudadanos el derecho a no tener miedo".

Las medidas, incluidas en un decreto de ley de inmediata aplicación y en un anteproyecto de ley que será presentado en julio para la aprobación del Parlamento, obligarán a arrestar a los sin papeles que sean descubiertos, ampliando el problema de la superpoblación de las prisiones. Se trata de unas 600.000 personas. El extranjero clandestino que, además, cometa algún delito y sea descubierto, será castigado con el aumento de un tercio de la pena prevista por la ley por el delito que haya cometido.

Al propietario de un piso alquilado a un sin papeles le será confiscada la casa y quienes envíen a sus hijos a pedir limosna, lo que es habitual entre los gitanos, serán privados de la patria potestad. Las bodas entre un extracomunitario y un italiano, generalmente un anciano o anciana, serán investigadas y, en el caso de que se descubra que se trata de un matrimonio de conveniencia, la concesión de la nacionalidad no será automática.

El decreto y los anteproyectos endurecen otros delitos no relacionados con la inmigración, principalmente los de tipo mafioso. También aumentan las penas para los que conduzcan en estado de embriaguez y quien robe o engañe a ancianos.

ZONA MILITAR Respecto a otro de los problemas acuciantes de Nápoles, el de las toneladas de basuras amontonadas en sus calles, el Gobierno de Berlusconi aprobó que los vertederos de la región sean declarados zona militar, estén vigilados por el Ejército y si alguien intenta entrar o impide su utilización será castigado con la cárcel. También quienes se manifiesten enfrente de las instalaciones.

Toda la gestión de los residuos de la zona pasará a manos del director de Protección Civil, Guido Bertolaso, que ayer fue elevado al rango de subsecretario del Gobierno. "En Nápoles habrá flores en lugar de basuras", dijo Berlusconi al presentar las medidas.