Un nuevo fallo en el control de cientos de delincuentes peligrosos ha vuelto a poner en evidencia la profunda crisis que vive el Gobierno de Tony Blair. En una acalorada intervención en el Parlamento, el ministro de Interior, John Reid, trató de explicar ayer las razones por las que los datos de 27.000 británicos encarcelados en el extranjero no figuraban en los archivos de la policía (Police Nacional Computer).
De esos presos, 540 habían sido condenados por las más graves agresiones, como asesinatos, violaciones o abusos de menores. Sin historial policial en el Reino Unido, esos delincuentes, una vez en libertad, no tienen ningún obstáculo para acceder a puestos laborales sensibles y vetados a las personas con antecedentes graves, como es cualquier profesión relacionada con niños y jóvenes. Las autoridades están especialmente preocupadas por la identidad de 25 violadores y 29 pederastas.
El dirigente conservador David Cameron advirtió de que pedirá la dimisión del ministro si se descubre que alguno de los agresores ha trabajado con menores. Reid reconoció que la situación es "extremadamente seria".
