El Gobierno de Bolivia ha anunciado que las compañías hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras han aceptado la nacionalización de los hidrocarburos decidida el lunes y que están dispuestas a negociar el cambio de reglas de juego. Poco después, la petrolera hispano-argentina Repsol YPF ha negado haber mantenido contactos en los últimos días con el Gobierno boliviano y ha subrayado que sigue a la espera de conocer en detalle el decreto de nacionalización de los hidrocarburos anunciado el pasado lunes por el presidente Evo Morales. Por el contrario, el ministro de Planificación boliviano ha dicho que su Gobierno "ha recibido cartas de Repsol, Petrobras y otras empresas que señalan taxativamente que aceptan la disposición del decreto supremo" promulgado por el presidente Evo Morales, ha declarado a la prensa el ministro de Planificación, Carlos Villegas. La versión de Villegas contrasta con la reacción de Repsol YPF y Petrobras, que han rechazado el plan del Gobierno boliviano y, aunque se han mostrado dispuestas a negociar, han congelado sus inversiones y han advertido de que pueden recurrir a tribunales internacionales para defender sus intereses. La cajas negras de la petroleras Ayer, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, afirmó que las auditorías que hará el Gobierno a las petroleras que operan en Bolivia "destaparán las cajas negras" de esas multinacionales. El ministro hizo la advertencia después de visitar varios campos del departamento oriental de Santa Cruz junto con el presidente de la empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado. Entretanto, el presidente de Bolivia ha promulgado dos nuevos decretos para terminar con el despido libre y aumentar el salario mínimo, en el marco de su plan para acabar con el modelo económico neoliberal en el país. Sin embargo, el incremento salarial anunciado anoche --del 13,6%-- es inferior al prometido por Morales en diciembre pasado durante la campaña electoral, cuando dijo que iba a triplicarlo. Con el aumento, el salario mínimo sube de 440 a 500 bolivianos (de 46 a 55 euros).
