Evo Morales aceleró su dominio de la situación política boliviana y, de un solo golpe, logró en el Senado aprobar los contratos petroleros firmados con las trasnacionales, refrendó un polémico acuerdo militar con Venezuela y --la guinda del pastel-- impuso su ley de reforma agraria, con la que piensa distribuir 2,5 millones de hectáreas. "Se terminó el latifundio", dijo. La oposición no solo denunció que hubo sobornos para que esto fuera posible. Ahora, según la derecha, la guerra contra el Gobierno ha subido un peligroso escalón.

"Nuestras tierras y bosques ya no serán motivo de lucro bancario mientras los pueblos indígenas son condenados al despojo", dijo Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras y artífice de la ley de reconducción agraria. La norma consta de 42 artículos en los que se establece un nuevo régimen de propiedad. En adelante, el Estado contará con un instrumento para "traspasar" terrenos privados si estos no cumplen un uso "económico" y "social" o fueron adquiridos ilegalmente. Las tierras se cederán a comunidades originarias y organizaciones sociales.

Para agilizar el proceso de transferencia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificará con imágenes de satélite y fotos aéreas cuáles son las superficies que no cumplen con los requisitos. Las propiedades serán inspeccionadas cada dos años.

DE LA MANO DEL PRESIDENTE Morales dijo que "se respetarán los predios productivos". La oposición no le cree. El artículo 28 asegura que "serán revertidas al dominio originario sin indemnización alguna las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo". Pero no está claro cómo se determinará ese perjuicio. El mundo de los negocios agropecuarios teme que baste con una denuncia de los colectivos cercanos al Gobierno. Las cesiones comenzarían a principios del 2007. Morales será el encargado de dar los títulos de cada propiedad.