Las filiales bolivianas del banco español BBVA y del grupo asegurador suizo Zúrich podrían ser intervenidas en tres días si no entregan de forma gratuita al Estado las acciones de las petroleras nacionalizadas que gestionan en un fondo colectivo, según un ultimátum lanzado ayer por el Gobierno de Bolivia.
El plazo del Ejecutivo de La Paz está estipulado en uno de los artículos de un decreto supremo promulgado ayer por el vicepresidente, Alvaro García Linera.
Tras firmar el documento, García Linera, que ejerce de presidente interino en ausencia de Morales --de gira por Europa--, dijo en un discurso: "Habrá una intervención a estos fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro".
El vicepresidente se refería a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que en Bolivia gestionan desde 1997 un depósito denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC).
Este fondo está compuesto de las acciones que los bolivianos poseen en diez firmas mixtas que surgieron de la privatización parcial de cinco empresas estatales en la década pasada.
Entre las firmas mixtas se hallan Andina, subsidiaria de la hispano-argentina Repsol YPF; Transredes, de la estadounidense Enron y la anglo-holandesa Shell, y Chaco, del grupo británico British Petroleum, resultantes de la desmembración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El FCC controla acciones por un valor de 1.600 millones de dólares (unos 1.250 millones de euros), de los que alrededor de 700 millones de dólares (unos 546 millones de euros) corresponden a las petroleras ahora nacionalizadas.
Una de las AFP es Previsión, filial del español Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria (BBVA), y la otra "Futuro", del suizo Zurich Financial Service.
Además del FCC, ambas controlan también el Fondo de Capitalización Individual (FCI), creado con aportaciones de los bolivianos para su jubilación.
ADECUACION LEGAL A pesar de la espectacularidad del anuncio, el decreto es simplemente la adecuación legal al que promulgó hace dos semanas para nacionalizar el sector petrolero.
La nacionalización de los hidrocarburos impone la transferencia al Estado de la participación accionarial que manejan las AFP en Andina (48%), Chaco (48%) y Transredes (34%).
El nuevo dueño de esas acciones ahora es justamente YPFB, al que las autoridades han reflotado para dotarle nuevamente del control del negocio petrolero con vistas a obtener mayores beneficios para el país en detrimento de las multinacionales que hasta ahora lo han dirigido.
Uno de los principales obstáculos para ejecutar la medida, la necesidad de cumplir con un pago de un bono solidario para ancianos conocido como Bonosol y que se obtiene de los dividendos del FCC, fue sorteado por García Linera al anunciar que, con sus beneficios, YPFB se hará cargo de ese compromiso.
El representante de Zúrich en Bolivia, Gonzalo Bedoya, puso en duda en los últimos días la transferencia de acciones, al alegar que es fruto del decreto nacionalizador que, a su juicio, vulnera varias leyes como la de la Capitalización y la de Pensiones.
García Linera reiteró ayer que la decisión de nacionalizar los hidrocarburos es irreversible y explicó que el ultimátum se debe a que el Gobierno boliviano ha encontrado "exceso verbal de alguno de los representantes de los fondos de pensiones" durante el proceso de negociación quedó hoy quedó zanjado, en alusión a Bedoya.
El BBVA está dispuesto a entregar las acciones que gestiona y cancelar al mismo tiempo las obligaciones asumidas en materia de pensiones en Bolivia a través del Bonosol.
