El Supremo Tribunal Federal (TSF), la principal autoridad judicial de Brasil, debe resolver hoy si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito según las encuestas en las elecciones del próximo 7 de octubre, ingresará en prisión para cumplir una condena de 12 años por corrupcion, una acusación que no ha podido ser probada. El país está pendiente de la decisión de 11 magistrados. Los enemigos declarados de Lula ya se encomiendan a la Providencia. Imploran que el TSF rechace el habeas corpus pedido por su defensa.
El fiscal Deltan Dallagnol, un confeso evangélico que encabeza el equipo de investigadores de la causa Lava Jato que sacó a luz una extensa y compleja trama de corrupción política, se ha entregado al ayuno y a la oración para que el candidato entre en un calabozo en Curitiba, en el estado sureño de Paraná.
«No estoy aquí por mi derecho a ser candidato. Quiero que dejen de mentir y me devuelvan la inocencia», dijo el lunes por la noche Lula en Río Janeiro durante un acto que contó con la presencia de la viuda de Marielle Franco, la activista asesinada días atrás. Lula fue sentenciado en dos instancias por haber aceptado como soborno un departamento en el balneario paulista de Guarujá de parte de una constructora, aunque no se encontró una sola prueba incriminatoria. El expresidente nunca ha ocupado ese inmueble, ni siquiera lo conoce. A los jueces les ha bastado sin embargo con tener la «convicción» de la existencia del delito.
El tribunal está dividido en dos grupos simétricos. El voto de uno de sus miembros, la jueza Rosa Weber es el que acabará decidiendo el futuro del expresidente. El juez Sergio Moro, quien inició la cruzada contra Lula, le ha pedido públicamente que siga su ejemplo y baje el pulgar al fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
