Más controles fronterizos, posible ampliación del plazo de la detención sin cargos, mayor presencia de las fuerzas policiales. El primer ministro, Gordon Brown, propuso ayer un nuevo paquete de medidas para endurecer una vez más la legislación antiterrorista británica.

Brown anunció en la Cámara de los Comunes un proyecto para unificar la policía de fronteras, que reunirá en un solo cuerpo el control de inmigración y aduanas. La nueva fuerza estará uniformada y será "muy visible", según señaló, aceptando así una iniciativa planteada desde hace tiempo por los conservadores.

VENTANILLA UNICA Los nuevos agentes tendrán "poderes de policía, inmigración y aduanas para investigar y detener a sospechosos" de posibles delitos relacionados con estos aspectos. Los viajeros que lleguen a aeropuertos, estaciones internacionales de ferrocarril y puertos deberán pasar por una única ventanilla.

Brown también desea que todo el que entre o salga del país sea controlado electrónicamente, con pasaportes y visados biométricos, para luchar contra el terrorismo y la inmigración clandestina. "Debemos acelerar nuestros planes", señaló. "Hay que acabar la transición de un sistema viejo e ineficaz, basado en el papel y cambiarlo por una vigilancia en tiempo real, que permita actuar inmediatamente y de manera coordinada entre los servicios de inmigración, policía e inteligencia".

Según los planes de Brown, los visados biométricos podrán exigirse a partir de marzo del próximo año y los pasaportes biométricos, algunos meses más tarde. El jefe del Gobierno dijo querer buscar el consenso de los partidos para aprobar el nuevo proyecto legislativo, pero al mismo tiempo pareció insistir en la idea de prolongar la detención preventiva, un asunto que cuenta con bastantes resistencias. Brown propone aumentar de 28 a 56 días el periodo de detención en determinadas circunstancias. Tal duración estaría justificada, según indicó, dada la complejidad de ciertas investigaciones, como las tramas terroristas con ramificaciones en el extranjero.

DERECHOS Y LIBERTADES La organización Amnistía Internacional, que vela por el respeto de los derechos humanos, denunció la propuesta del primer ministro, alegando que "encerrar a la gente durante 56 días, sin inculpación ni proceso, representa una afrenta a los derechos y libertades del hombre".