Si las reacciones al presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 propuesto por la Comisión Europea son un termómetro de lo que está por llegar la realidad augura mucha batalla. La salida del Reino Unido de la UE dejará un agujero en los ingresos del club de hasta 14.000 millones que Bruselas propone cuadrar recortando fondos en algunas políticas clave (agricultura y cohesión) y creando nuevas vías de financiación a través, por ejemplo, de un impuesto al plástico, además de vincular la recepción de fondos al cumplimiento del estado de derecho.
Para el presidente Jean-Claude Juncker se trata un presupuesto «razonable y responsable», ligeramente más elevado que el actual (del 1,03%) con un techo de gasto del 1,11% del PIB europeo, 1.279 billones de euros, y que modifica ligeramente su estructura para hacer frente a los nuevos retos en seguridad, defensa o política migratoria. Una cifra con la que Bruselas aspiraba a contentar a los países contribuyentes netos, que defienden un presupuesto más pequeño y una rebaja en su aportación tras el brexit pero que no ha sido así. «La propuesta no es un resultado aceptable para Holanda. Una Unión más pequeña significa un presupuesto más pequeño», avisó el primer ministro holandés, Mark Rutte.
La política migratoria y el control de las fronteras serán los capítulos que más lo notarán con un aumento del presupuesto de los 13.000 millones destinados en el periodo 2014-2020 a los 34.900 en el siguiente. Otros capítulos a los que Bruselas propone dar un empujón serán Defensa y Seguridad con unos 25.000 millones en conjunto para el periodo de siete años, la investigación con 100.000 millones para el programa Horizon (un 50% más), así como al Erasmus+, unos de los programas estrella de la Comisión para luchar contra el populismo entre los jóvenes.
Además, se incluye un nuevo instrumento estabilizador de 30.000 millones de euros accesible a todos los estados miembros, y no solo a los países de la Eurozona, y destinado a amortiguar posibles dificultades.
Para equilibrar el nuevo escenario, el Ejecutivo comunitario plantea recortes en agricultura y cohesión, lo que reducirá el peso de estas dos partidas al 60% frente al 70% actual, aunque seguirán siendo dos pilares claves en el presupuesto. El producto interior bruto seguirá siendo el criterio principal en el reparto de ayudas regionales, que se recortarán un 7%, pero se dará más peso a otros factores a la hora de distribuir los fondos como el desempleo o el cambio climático.
Una de las grandes novedades que más controversia generará cuando llegue a la mesa de los gobiernos será el mecanismo que el Ejecutivo comunitario plantea para vincular los pagos al cumplimiento del Estado de derecho.
