El presidente de EEUU, George Bush, está decidido a contrarrestar las presiones internacionales que le piden la abolición de la pena de muerte. Ayer, el líder estadounidense dio pruebas de ello y retiró a EEUU de un acuerdo que permitía al Tribunal Penal Internacional (TPI) tener la última palabra sobre los extranjeros condenados a muerte en ese país. El Protocolo Discrecional de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares era un recurso común cuando a los presos se les prohibía cualquier contacto con los diplomáticos de sus países de origen.

Este es el caso de 51 mexicanos que esperan para ser ejecutados en EEUU. Ninguno tuvo acceso a los diplomáticos mexicanos después de su arresto, y el año pasado, el TPI ordenó que se revisaran sus sentencias lo que se interpretó como una injerencia en la justicia estadounidense.