Todo el mundo es sospechoso para la Administración de George Bush en la llamada "guerra contra el terror". Los últimos que han sido colocados bajo el aura de la sospecha son miles de trabajadores y colaboradores de organizaciones no gubernamentales y humanitarias, a los que el Gobierno va a empezar a investigar. El plan, dado a conocer ayer por The Washington Post , ha provocado un debate más allá de las oenegés afectadas, y ha desatado de nuevo la alarma entre quienes denuncian las continuas violaciones de la privacidad en EEUU. La Administración es objeto de críticas por su decisión de mantener en secreto el resultado de sus investigaciones.
El nuevo sistema empezará a aplicarse, en principio, a partir del lunes, aunque ese inicio podría retrasarse. En cuanto entre en vigor, los grupos y organizaciones que pidan dinero a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) deberán, por primera vez en la historia, ofrecer información detallada sobre cada directivo, mando y empleado clave. En función de esa información, las autoridades podrán decidir negar fondos, pero no explicarán a los solicitantes los motivos del rechazo.
