La espeluznante constatación de que colombianos humildes son asesinados y luego presentados como bajas en combate con la guerrilla obligó ayer al general Mario Montoya a abandonar la comandancia del Ejército. Sus días estaban contados después de que, por los mismos hechos, que erizan al país, fueran destituidos 30 oficiales de alta graduación, entre ellos tres generales.

El pasado domingo, Montoya declaró al diario El Tiempo su malestar por esa histórica purga, que se llevó adelante sin consultarle. Ayer, al anunciar su dimisión, volvió a defender a sus hombres. "Pido a los colombianos que no les condenen sin antes haberles concedido el derecho a defenderse", dijo. El excomandante se fue con aplausos de su plana mayor. No se descarta que algunos generales dimitan en solidaridad.

Montoya será reemplazado por el general Gilberto Rocha, representante colombiano ante la Junta Interamericana de Defensa. Las revelaciones en torno al caso de 11 ciudadanos asesinados obligaron al Ministerio de Defensa a crear una comisión investigadora de la cual había sido excluido Montoya. Pronto quedó demostrado que era cierto todo lo que se decía sobre esas "ejecuciones extrajudiciales".

PUNTA DEL ICEBERG Pero lo ocurrido en Soacha con ellos es considerado apenas la punta del iceberg. El fiscal general del Estado, Mario Iguarán Arana, asegura que la unidad de derechos humanos de la fiscalía ha recibido más de 1.000 denuncias por desapariciones que pueden haber tenido el mismo fin.

La revista Semana acaba de reconstruir el escalofriante procedimiento: grupos mafiosos y personas vinculadas a sectores uniformados reclutan a jóvenes con pocos recursos con la promesa de trabajo. Los secuestran y luego los presentan como guerrilleros muertos en combate. "Hoy, en Colombia, el ascenso de un oficial se mide, en parte, por las bajas en combate. Si a esto se le suma una política de recompensas que premia el cadáver, se desemboca inevitablemente en excesos", agrega.

Hasta hace muy poco tiempo, el presidente, Alvaro Uribe, negaba estos crímenes. "El país eliminó en 1910 la pena de muerte", afirmaba. Las denuncias internacionales ayudaron a sacar a relucir el escándalo y han obligado a Uribe a pedir la máxima condena para los involucrados.

Para la analista María Jimena Duzán, la política de "seguridad democrática" de Uribe necesita ahora "un replanteamiento urgente si no quiere terminar justificando el horror a través del autoengaño". El director de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, dijo que en Colombia hay "al año tantas violaciones de los derechos humanos como todas las ocurridas durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile".