La negativa de los profesionales de la medicina a participar en ejecuciones en California ha logrado imponer una moratoria de hecho en la aplicación de la pena capital en este estado. No obstante, aunque el plante de los médicos es un nuevo torpedo a la línea de flotación de este bárbaro castigo y ha reavivado el debate sobre su aplicación, "nadie debería proclamar la defunción de la pena capital", advierte Richard Dieter, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
"Los opositores a este castigo ven esto como una moratoria, pero va a ser breve", coincide la veterana fiscal del condado de Alameda, cercano a San Francisco. El último sondeo confirma que la liberal y progresista California sigue apoyando por abrumadora mayoría --del 63%-- los ajusticiamientos. Pero todas las ejecuciones del estado han quedado suspendidas por el plantón de los médicos, que el 21 de febrero se negaron a participar en la ejecución de Michael Morales. "Es un tema que tendrá que resolver el Tribunal Supremo", vaticina Dieter.
Todo comenzó a mediados de febrero, cuando el juez federal Jeremy Fogel hizo algo insólito: se alineó con los abogados de Morales, condenado por violar y asesinar a una joven de 17 años. Los letrados rechazaron su ejecución por inyección letal, porque si el reo no estaba bien sedado, podría causarle un dolor equivalente al castigo "cruel e inhumano" que prohíbe la Constitución. El juez presentó a las autoridades penitenciarias dos opciones: contratar a dos anestesistas para certificar que el reo estaba bien sedado, o sustituir el cóctel de drogas letales por una sobredosis de barbitúricos. Cuando los anestesistas se negaron a participar "por razones éticas" en la ejecución, ésta se suspendió.
El juramento hipocrático
"Participar en una ejecución va en contra de la ética profesional y es una violación del juramento hipocrático", clama el director de la Asociación Médica de California, Jack Lewin. La asociación respalda la presentación, en la legislatura estatal, de una ley que quiere prohibir la intervención de un profesional de la medicina en una ejecución. "Yo soy partidario de la pena de muerte, pero la labor de un médico es curar, no matar", explica el congresista republicano Alan Nakanishi, patrocinador del proyecto de ley.
Mientras se discute y vota esta ley, el estado de California se ha preparado para lograr que se ponga en marcha de nuevo la máquina de la muerte, y puedan ser ejecutados los 645 reos que aguardan esa triste suerte. El caso Morales será revisado en una audiencia por el juez Fogel el 2 de mayo, pero el fiscal californiano encargado de la pena de muerte, Dane Gillette, ha ofrecido una solución: cambiar la cantidad de las tres drogas letales que acaban con el reo, y administrarle continuamente sedantes. La audiencia de mayo se centrará en buscar un nuevo procedimiento para mejorar la ejecución por inyección letal en California, el mismo sistema que utilizan otros 37 estados de EEUU.
Pero otro obstáculo se vislumbra. La Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sostiene que las ejecuciones se hacen de forma ilegal en California, porque la colocación de los tubos intravenosos, con los que se administra el cóctel letal, corre a cargo de los funcionarios de prisiones que carecen de la licencia médica necesaria.
El Tribunal Supremo
En los últimos meses, la ejecución de cinco reos ha sido suspendida a causa del método empleado, la inyección letal, algo que plantea la posibilidad de que la aplicación de la pena de muerte vuelva a ser sometida al dictado del Supremo en Washington. El más alto tribunal de EEUU, que restauró la pena capital en 1977, no se ha pronunciado nunca sobre si la inyección letal constituye o no un castigo cruel e inhumano y, por ello, anticonstitucional.
