El controvertido programa para intervenir los teléfonos y vigilar los correos electrónicos de los estadounidenses auspiciado por el presidente de EEUU, George Bush, tras el 11-S, y declarado inconstitucional por un juez federal el mes pasado, recibió el jueves el espaldarazo de la Cámara de Representantes. El proyecto, que obtuvo 232 votos contra 191, autoriza al presidente a ordenar escuchas telefónicas de las conversaciones de residentes en EEUU con el extranjero por un máximo de 90 días tras "un ataque terrorista", si se sospecha de que la persona vigilada se comunica con sospechosos.

La mayoría republicana que controla la Cámara aprobó un proyecto de ley que tendrá validez después de la aprobación del Senado. No obstante, su aprobación será empleada por Bush y por su partido para presentarse como los paladines de la lucha antiterrorista durante la campaña para los comicios legislativos del 7 de noviembre. Además, el presidente podría extender tales escuchas otros 90 días con permiso judicial y del Congreso.

EN CASO DE ATAQUE Tras un "ataque armado", el mandatario podrá también ordenar la vigilancia de correos electrónicos durante 90 días, frente a los 15 que ahora permite la ley, siempre y cuando la medida haya sido autorizada por el Congreso. Si el presidente piensa que existe "amenaza de ataque inminente", también puede ordenar la vigilancia de las comunicaciones electrónicas por el mismo plazo de tres meses, prorrogable con permiso judicial y del Congreso.

Este proyecto de ley se enmarca en el paquete de medidas para reforzar el músculo de Washington en la lucha antiterrorista, como la nueva ley que crea tribunales militares para juzgar a los terroristas, y que el presidente se disponía a firmar ayer. Los republicanos, que dominan en ambas cámaras del Congreso, han logrado impulsar estas controvertidas medidas, frente al rechazo de la oposición demócrata, cuyos miembros denunciaron que el nuevo texto erosiona los derechos civiles.

"LA LETRA PEQUEÑA" "Escondidas en la letra pequeña (del proyecto de escuchas telefónicas) hay medidas que otorgan al Gobierno autoridad para mantener datos sobre estadounidenses inocentes, para exigir datos personales sin la tutela judicial, y para poner fin a cualquier demanda legal por escuchas ilegales", dijo el demócrata John Conyers.

Los republicanos replicaron que "la oposición irracional de los demócratas a unas políticas de seguridad que ayuden a mantener seguro" al país "debería preocupar profundamente a los estadounidenses".