Una ola de amenazas contra fiscales y jueces que instruyen causas contra represores, testigos que deben incriminarlos y defensores de los derechos humanos, sacude a Argentina en un momento en el que generales retirados, exespías y civiles preparan una ofensiva para reivindicar la última dictadura (1976-83).
Las graves intimidaciones se han sucedido en cadena cuando sigue sin aparecer Julio López, de 77 años, albañil jubilado que fue víctima de la represión y cuyo testimonio fue clave en la reciente condena a prisión perpetua del exdirector de Investigaciones, Miguel Etchecolatz.
El presidente, Néstor Kirchner, recibió en la madrugada de ayer a los familiares de Julio López, quienes se aferran a la esperanza de que se haya escondido por temor a represalias. Sin embargo, 17 días después de su desaparición, la posibilidad de un extravío temporal se desvanece.
"La muerte es una teoría sostenible", afirmó Marta Vedio, dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El caso López no tiene precedentes en la historia de este país desde que se recuperó la democracia e instala otra vez el recuerdo de lo sucedido hace 30 años.
