El presidente Hugo Chávez ha lanzado una feroz ofensiva política con el objetivo de restarle poder a los legisladores y garantizar al oficialismo un férreo control sobre las instituciones y la sociedad, de cara a la entrada en funciones, el 5 de enero, de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, en la que habrá muchos diputados de oposición elegidos en septiembre pasado.
La arremetida ha sido ejecutada desde el actual Parlamento, controlado por el chavismo y en cuya agenda se incorporaron este mes más de 20 leyes polémicas, incluyendo la llamada Ley Habilitante, solicitada por el propio Chávez, que le faculta a gobernar por decreto durante 18 meses. El objetivo de la habilitación, la cuarta que recibe desde 1999, lo dejó claro el propio Chávez el pasado 17 de diciembre al retar a los diputados electos: "No podrán hacer ni una ley, pitiyanquis. Vamos a ver cómo van a hacer leyes ahora".
El Ejecutivo justificó los poderes especiales por la emergencia causada por las lluvias caídas desde noviembre y que dejaron a más de 130.000 personas sin vivienda. Este argumento es criticado por la oposición, que destaca que esa crisis no explica por qué se facultó al presidente para legislar en materias como el transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; o las comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a los partidos opositores, denunció la Ley Habilitante por considerar que usurpa las tareas de los parlamentarios que entrarán en funciones en el 2011. Según manifestó a la prensa Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la MUD, esta norma es "una violación de la voluntad popular y de las normas constitucionales, ya que los actuales parlamentarios no podrían delegar sus funciones en un lapso que exceda aquel para el cual fueron elegidos. Esto supone una violación de la Carta Democrática aprobada por la OEA".
Los parlamentarios electos de la oposición alertaron en un comunicado: "Está en marcha un golpe de Estado. La Constitución ha sido violada". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el alcance y la duración de los poderes especiales.
HASTA 20 NORMAS Sin considerar las críticas, Chávez anunció que prepara casi 20 decretos y, de hecho, aprobó el primero el pasado domingo: una ley orgánica para crear un fondo que le permitirá disponer de unos 1.760 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras afectadas por las lluvias.
