La nueva Ley de Inteligencia y Contrainteligencia decretada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que sanciona a los venezolanos renuentes a cooperar como informantes de los nuevos organismos de espionaje, ha desatado las protestas de medios políticos, jurídicos y académicos, que la ven inconstitucional, regresiva en materia de derechos humanos y destinada a aplastar a la oposición y perseguir a la disidencia.
Chávez dijo el domingo por televisión que esta ley ayudará a las autoridades a detectar y neutralizar amenazas "imperialistas" a la seguridad nacional, así como a evitar intentos de asesinato o conspiración contra el Gobierno. A partir de ahora, quienes se nieguen a cooperar con los organismos de espionaje --controlados por el propio Chávez-- afrontarán hasta cuatro años de cárcel, y seis si son funcionarios.
