Cuando el Katrina abrió en Nueva Orleans las compuertas a la muerte, la destrucción y el caos, las víctimas fueron numerosas. Un año después se recuerda a los 1.464 fallecidos en Luisiana, a los cientos de miles de desplazados, a todos los que han visto su vida alterada... Pero resulta fácil olvidarse de otras víctimas: personas sin recursos que fueron detenidas antes del huracán y que, desde entonces, no han tenido acceso a un abogado y están en la cárcel sin haber sido condenadas. Son cientos, atrapadas en un limbo judicial injusto y, según el juez Arthur Hunter, "inconstitucional" y "peor que Guantánamo", donde hasta hace poco los detenidos no han tenido acceso a abogados.

Hunter, un hombre negro de 46 años, exagente de la policía de la ciudad y magistrado en el Tribunal Criminal de Distrito de Nueva Orleans, ha emprendido una batalla contra esta situación, que ya existía antes del Katrina pero que se ha exacerbado desde entonces. Con 6.000 casos abiertos (algo más de 3.000, según la fiscalía), Hunter había anunciado que el martes, día del aniversario, empezaría a sacar gente de las cárceles, aunque no a retirar los cargos. No obstante, anteayer decidió darse un mes más de plazo para seguir recopilando información y llamar la atención sobre el caso.

La raíz del problema está en la forma en que se financia la oficina de abogados defensores de oficio de Nueva Orleans. A diferencia de los sistemas aplicados en los otros 49 estados, en Luisiana se mantenía casi exclusivamente con el dinero que se obtenía de multas de tráfico y de aparcamiento. Una fuente que se secó cuando el Katrina hizo de Nueva Orleans una ciudad fantasma, sin ciudadanos ni coches.

FALTA DE MEDIOS Si ya había problemas y falta de medios para mantener cosas supuestamente sencillas, como una buena base de datos, la situación se hizo trágica tras el Katrina . Se despidió a la mayoría de los 46 empleados de la oficina, que hoy cuenta con solo 28 trabajadores, menos de la mitad de los 70 que el Departamento de Justicia estima necesarios. Los detenidos fueron dispersados por diversas cárceles. Potenciales testigos también fueron parte de la diáspora. Y el agua se llevó para siempre documentos y pruebas, incriminatorias o exculpatorias.

"El problema es el mismo que con todo lo referente al Katrina : la extrema pobreza, asuntos de raza y clase", dice Denny LeBoeuf, que encabeza la Oficina de Defensores de Indigentes de Nueva Orleans y afirma que "se está violando un pilar del sistema judicial estadounidense: la presunción de inocencia".

PEQUEÑOS DELITOS Hunter de momento parece plantearse sacar de la cárcel solo a las personas con delitos menores. Pero LeBoeuf recuerda que incluso la gente con delitos de sangre, "si tuviera dinero para un abogado podría salir bajo fianza".

La fiscalía de distrito de Nueva Orleans ha anunciado que se opondrá a la acción que propone Hunter. "La solución apropiada para alguien que no tiene abogado es conseguirle uno", aseguraba a The New York Times David Pipes, un asistente del fiscal. Pero no habrá abogados si no hay al menos ocho millones de euros anuales que Justicia calcula necesarios para mantener una oficina saneada. Y, mientras se espera un dinero que el Estado se resiste a dar, los prisioneros afectados ya tienen mote para su tiempo en la cárcel: les ha caído la "sentencia Katrina ".