Si en la Casa Blanca existe un botón para iniciar una campaña de contención de daños, no cabe duda de que ha sido apretado. La Administración de Barack Obama se ha blindado ante la filtración de más de un cuarto de millón de comunicaciones diplomáticas por Wikileaks y ha empezado a aplicar cambios en las medidas de seguridad internas para evitar que sea tan fácil obtener documentos confidenciales. Las voces oficiales, por su parte, hablan al unísono para condenar la filtración, crear dudas sobre su veracidad y denunciarla, como hizo ayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que la calificó de "ataque a la comunidad internacional".

Obama, jugando el papel que se esperaba, ayer omitió cualquier referencia al escándalo en una comparecencia para anunciar la congelación del sueldo de los funcionarios y renovar sus llamadas a la colaboración bipartidista en el Congreso, que ayer reiniciaba sus sesiones. Quedó en manos de la jefa de la diplomacia enfrentarse a lo que una expresión inglesa define como "el elefante en la habitación".

Lo que hizo Clinton fue un difícil ejercicio de equilibrismo. Por una parte, cada vez que se refirió a los documentos puso entre interrogantes su autenticidad. A la vez, expresó su "profundo lamento" por la delicada situación en que se ha dejado a mandatarios y otras fuentes internacionales. Trató de poner una nota de humor relatando que, en una de las llamadas que hizo para hablar con afectados, uno de sus homólogos le dijo: "No te preocupes. Deberías saber lo que decimos de vosotros".

Washington, no obstante, no puede tomarse a la ligera lo sucedido y Clinton reiteró ayer las ideas que ya la Casa Blanca lanzó el domingo: que las filtraciones ponen en riesgo la seguridad nacional, internacional y de individuos, y que la política se hace en Washington, no en las embajadas y consulados. A lo que se negó la secretaria de Estado fue a comentar acusaciones concretas, como la directiva que ella firmó por la que se ordenó espiar en la ONU.

Departamentos como el de Estado y Defensa ya han emprendido acciones para tratar de evitar futuras filtraciones. Ayer mismo, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca envió un memorando pidiendo a todas las agencias del Gobierno que establezcan equipos de estudio para asegurarse de que los funcionarios solo tienen acceso a la información clasificada que necesitan.

NUEVOS METODOS DE CONTROL También el Pentágono anunció el domingo una serie de nuevas órdenes para controlar la distribución de información secreta. Entre las medidas, ideadas después de que el secretario de Defensa, Robert Gates, encargara en agosto dos estudios tras la filtración de los 70.000 documentos sobre Afganistán, está desmantelar los sistemas que permiten copiar en dispositivos móviles información clasificada.

El acceso a los documentos secretos se había facilitado a millones de soldados estadounidenses como parte de la reestructuración de los servicios de inteligencia y espionaje tras los atentados del 11-S. La comisión que investigó los ataques llegó a la conclusión de que la falta de comunicación había dificultado la tarea de prevención y llevó a la Administración a promover la cultura de "compartir" información. Ahora, la perspectiva de que cualquier soldado pueda provocar otra pesadilla diplomática obliga a dar marcha atrás.

De momento, no se sabe quién facilitó a Wikileaks los documentos, pero las investigaciones apuntan a Bradley Manning, un soldado analista de espionaje que ya ha sido acusado de filtrar el vídeo de un ataque en Irak.