El fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, ha planteado la posibilidad de denunciar a Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por la presencia de miembros de las bandas armadas FARC y el ELN en ese país, donde, según ha señalado, se refugian tras cometer delitos de lesa humanidad.

"Si ya logramos establecer eso, y tenemos información de que las personas atacantes se refugian en Venezuela y las autoridades no hacen nada, y por el contrario los apoyan, pues entonces pudiéramos ya consolidar lo que va a ser la denuncia ante la Corte Penal Internacional", ha dicho Mendoza, quien ha agregado que incluso la Corte podría llegar hasta el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

"Si el fiscal de la Corte Penal Internacional -después de que nosotros presentemos la denuncia correspondiente, bien fundamentada con estas evidencias- lograra establecer que en esos actos coparticipan autoridades venezolanas, todas pudieran responder por eso", ha dicho Mendoza.

AL MENOS 60 ATAQUES

El fiscal general de Colombia ha confirmado que recibió de manos del Gobierno colombiano una carpeta en la que se documentan al menos 60 ataques cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra poblaciones colombianas y luego se refugian en Venezuela.

Mendoza ha asistido a una reunión encabezada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, en la que junto con sus ministros, mandos militares y de policía han analizado la situación con Venezuela. Hasta el momento, el Gobierno de Uribe no se ha pronunciado oficialmente ante la decisión de Venezuela de romper lazos diplomáticos.

FOTOS, VÍDEOS Y COORDENADAS

Colombia ha mostrado, en Washington, fotos y vídeos y ha entregado coordenadas de campamentos armados con las que ha sustentado las denuncias de presencia de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela.

Como respuesta a las denuncias, el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha roto relaciones con Colombia y ha dado la orden, a través de su canciller Nicolás Maduro, para que la delegación diplomática de Bogotá en Caracas abandone el país en 72 horas.