Una nueva generación de paramilitares de extrema derecha azota Colombia y el Gobierno del presidente Alvaro Uribe aún no ha actuado. Es la denuncia planteada por la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe presentado ayer. Según el texto, tras el proceso de desmovilización, en el 2006, de 37 bandas con 31.671 miembros, nuevos grupos tienen presencia en 173 municipios de los 24 departamentos del país.
Estos azotan en especial a Medellín, donde han aumentado los asesinatos. En esas zonas, subraya HRW, se han cometido masacres, ejecuciones, violaciones y extorsiones. Según HRW, el Gobierno "no ha destinado recursos suficientes" para combatirlos. Tampoco ha hecho "prácticamente nada" por investigar y evitar vínculos entre los grupos sucesores y las fuerzas de seguridad pública.
