La legislación europea actual -la directiva de retorno o 'directiva de la vergüenza' como se denominó en su día- ya permite a los Estados miembros encerrar hasta un plazo máximo de 18 mesesa los inmigrantes sin papeles mientras se tramitan las órdenes de expulsión de aquellos que no cumplen con los requisitos para acceder a un estatus de refugiado. Pocos países, sin embargo, agotan los plazos. La Comisión Europea ha reclamado este jueves a los gobiernos de la UE que expriman esta posibilidad para prevenir que escapen antes de ser deportados.
“Aquellos que no tienen derecho a un estatus de refugiado tienen que ser devueltos y mientras tanto tienen que estar en algún lugar bajo condiciones dignas para evitar que se fuguen”, justifica el comisario de Inmigración, Dimitrios Avramopolulos. La normativa actual fija un período de detención máximo de seis meses aunque prorrogable hasta 18 en determinadas situaciones. “En algunos países el período máximo es mucho más corto -en el caso de España son dos meses- y el resultado es que el plazo de detención no es suficiente para completar el proceso de retorno. Los gobiernos tienen que utilizar la flexibilidad de la directiva”, urge el comisario.
Concretamente, Bruselas recomienda que "cuando haya riesgo de fuga" los inmigrantes sean siempre confinados en centros de internamientos y propone el uso de varios criterios para determinar si existe ese riesgo o no: uso de documentación falsa, utilización de la fuerza, rechazo a cooperar con las autoridades o alojarse en lugares diferentes a los notificados.Y cuando se habla de centros de detención, advierte Avramopoulos, “no decimos que vayamos a crear campos de concentración”, insiste rechanzado que haya propuestas sobre la mesa para crear campos en países terceros tal y como han sugerido en el pasado algunos países. “No hemos empezado a discutir sobre centros de detención fuera de la UE. Hubo ideas hace un tiempo pero no estamos ahí”, insiste.
ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE RETORNO
La recomendación forma parte de un nuevo plan de acción de la Comisión Europea para revisar la política de retorno y garantizar que sea “eficiente y creíble”. Medidas que no requieren ningún tipo de legislación pero sí un compromiso de aplicación. “La aplicación es clave. Si no aplicamos lo que acordamos no avanzaremos”, recuerda el comisario.
Además de exprimir los plazos, Bruselas pide a los gobiernos europeos que mejoren de aquí a junio la cooperación entre “todas las autoridades y servicios implicados en el proceso de retorno”, una “reducción de los plazos de recurso”, la “expedición sistemática de decisiones de retorno sin fecha de expiración” y combinar las decisiones de finalización de una estancia legal con la emisión de la decisión de retorno.
También piden a los Estados miembros que “combatan los abusos del sistema” utilizando procedimientos acelerados al examinar las solicitudes de asilo e incluso en la frontera misma si hay sospecha de que se han utilizado documentos falsos para retrasar el proceso. “Muchas solicitudes de asilo infundadas se rellenan incluso horas antes de la deportación para retrasar el proceso. Esto supone una carga muy elevada para el sistema”, justifica Bruselas.
Además, proponen establecer plazos más breves para autorizar la salida voluntaria de inmigrantes y crear programas de ayuda operativos a partir del 1 de junio de 2017 para incentivar el retorno voluntario porque entienden que los inmigrantes irregulares serán más abiertos a aceptar un paquete de retorno voluntario si saben que no tienen otra alternativa y que quedarse no es una opción.
ACELERAR LAS DEPORTACIONES
La Comisión Europea justifica estas recomendaciones en la necesidad de acelerar las deportaciones. El número de inmigrantes que recibieron una orden de expulsión en la Unión Europea durante 2015 fueron 533.395, 33.000 más que en 2014. Los niveles de deportación, sin embargo, siguen siendo extremadamente bajos. “La tasa de retorno entre 2014 y 2015 pasó del 41.8% al 42,5% pero el porcentaje efectivo ha caído del 36,6 al 36,4%. Es más, si descontamos los retornos a a los países de los Balcanes la tasa de retorno de la UE se reduce al 27%”, advierten en la comunicación.
El presupuesto 2014-2020 prevé una dotación de 806 millones para apoyar el retorno en los Estados miembros aunque la Comisión Europea ha puesto a disposición de los Estados durante este 2017 otros 200 millones adicionales para aumentar las deportaciones. Más allá de los recursos o los problemas para identificar el origen de los inmigrantes, el problema de la UE son los acuerdos de readmisión. Bruselas trata de cerrar pactos con Nigeria, Túnez y Jordania y retomar el diálogo con Marruecos y Argelia.
