La decisión del ya exgobernador de Illinois (EEUU), George Ryan, de conmutar la pena de muerte a todos los condenados de ese estado, 163 hombres y 4 mujeres, ha revolucionado los círculos legales, policiales y periodísticos de una nación que sigue debatiéndose entre el apoyo aún mayoritario al más cruel de los castigos, y el creciente rechazo a que se siga imponiendo.

Ayer, partidarios y opositores de la pena capital trataron de utilizar la clemencia de Ryan para apoyar sus posiciones, mientras las expertas voces de los juristas advirtieron que no es probable que tenga un impacto directo en la abolición de la pena de muerte por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a menos que otros gobernadores sigan su ejemplo. "El gobernador Ryan ha colocado este tema en candelero, pero yo no veo que la pena de muerte provoque opiniones viscerales de ninguno de los nueve jueces del Supremo en estos momentos", opinó el jurista Ajil Amar de la Universidad de Yale, aludiendo al apoyo del más alto tribunal de EEUU al castigo máximo.

No obstante, si alguno de los otros 37 estados que aplican la pena de muerte siguiera el ejemplo del gobernador Ryan, incrementaría la presión sobre el Tribunal Supremo para que revise su postura.

Fuentes de la Casa Blanca se apresuraron a reiterar que el presidente Bush no está tentado de dejarse influir por la decisión de Ryan y sigue manteniendo su firme apoyo a la pena máxima.