La cumbre europea que debía servir para devolver la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea (UE) se empantanó anoche en el marasmo y agudizó la actual crisis política ante la negativa de Gran Bretaña, Holanda y Suecia a asumir su parte del coste de la integración de los países del Este. A la noche tensa del viernes, con un falso acuerdo sobre la continuación del proceso de ratificación de la Constitución europea, siguió ayer una jornada de agrias discusiones sobre el próximo marco financiero de la UE para el periodo 2007- 2013. La presidencia luxemburguesa de la Unión se vio obligada a suspender la sesión a primera hora de la tarde, y en el momento de cerrar esta edición, la reunión del Consejo Europeo aún no se había reanudado.

A pesar de que el presidente semestral de la UE, el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, intentó ocultar la profunda división de los Veinticinco con la presentación, la noche del viernes, de un falso acuerdo sobre el proceso de ratificación de la Constitución, los líderes no habían sido capaces, durante la jornada de ayer, de consensuar el texto definitivo sobre esta cuestión.

CONFUSION CONSTITUCIONAL La mayoría de los países, encabezados por Alemania, Francia y España, defendían mantener abierto el proceso de ratificación, pero Gran Bretaña y Holanda querían dar por muerto el Tratado constitucional. El anuncio de Juncker fue aprovechado por Portugal, Dinamarca, Irlanda y la República Checa para anunciar el retraso de los referendos previstos en sus territorios.

El último borrador de declaración de la presidencia no mencionaba la prórroga "del proceso de ratificación hasta mediados del 2007", que había anunciado públicamente Juncker la víspera. El texto se limitaba a señalar la necesidad de un periodo de reflexión pública intensa sobre la UE en todos los países, y que los líderes europeos reexaminarían la cuestión durante la primera mitad del 2006.

Sin haber sido capaces de resolver de forma clara el problema de la Constitución europea, los líderes de los Veinticinco se embarcaron ayer por la mañana en la discusión del próximo marco financiero de la UE. El debate se transformó, de nuevo, en un pulso entre Gran Bretaña y el eje franco-alemán, con sus diferentes concepciones del Proyecto europeo como tela de fondo: la integración política defendida por París y Berlín y la circunscripción de la UE a un mero mercado común propugnada por Londres.

De nada sirvieron los llamamientos de Juncker a la responsabilidad colectiva. Mientras Alemania y Francia mostraban su disposición a asumir sacrificios, el premier británico, Tony Blair, mostró desde el principio que tenía muy poco o ningún interés en lograr un acuerdo.

Gran Bretaña se negó a asumir su parte del coste de la integración del Este mediante la reducción del cheque británico , escudándose en ataques a la Política Agraria Común (PAC) de la que Londres se beneficia con 4.000 millones de euros anuales. Blair contó en su estrategia de bloqueo del acuerdo con el respaldo de otros dos países ricos, Holanda y Suecia, que exigieron reducir sus contribuciones a la UE con una inusitada dureza.

RESPUESTA DEL CANCILLER El canciller alemán, Gerhard Schröder, harto de los argumentos británicos, recordó a Blair que Gran Bretaña es el sexto país más rico de la UE, cinco puestos por delante de Alemania, y que su contribución al presupuesto europeo es muy inferior. Austria, Bélgica y los países del Este aceptaban la propuesta de la presidencia con modificaciones.

España, Italia y Portugal, por su parte, reclamaron más ayudas regionales y de cohesión para amortiguar el recorte previsto de fondos a partir del 2007. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que la propuesta de compromiso estaba "muy lejos" de lo que España podía aceptar.

Zapatero cifró en 31.000 millones el recorte de ayudas de la UE a España del 2007 al 2013, a lo que habría que sumar el fuerte aumento de las contribuciones españolas a las arcas comunitarias previsto para ese periodo.