La primera Constitución de Kosovo como Estado independiente entró ayer en vigor, con el rechazo de la comunidad serbia y de Belgrado, y en medio del más absoluto desconcierto internacional sobre el papel de la ONU, la Unión Europea y la OTAN.

Cuatro meses después de la proclamación de la independencia del nuevo Estado, que ha sido reconocido por 43 países, la entrada en vigor de la Carta Magna representa para los albanokosovares, que constituyen el 90% de la población, un paso importante para hacer efectiva la soberanía, pero lo cierto es que, en la práctica, casi nada cambió ayer.

El presidente kosovar, Fatmir Sejdiu, firmó un paquete de leyes subordinadas a la Carta Magna, con lo que comenzó la aplicación del texto constitucional. En Belgrado, el presidente serbio, Boris Tadic, se apresuró a declarar que dicha Constitución "no tiene ningún valor legal", que "Serbia ve a Kosovo como su provincia meridional" y que "defenderá su integridad territorial, de forma pacífica, a través de la diplomacia, no de la fuerza".

El proyecto inicial de las potencias occidentales era que, en el mismo momento en que entraba en vigor la Constitución, una misión de la Unión Europea, denominada Eulex, reemplazara a la de la ONU (Unmik) para ayudar en la construcción del Estado de derecho. Pero la fuerte oposición de Belgrado, que rechaza la misión europea, y la firmeza de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, han dado al traste con estos planes. La misión de la UE ni siquiera ha sido enviada.

Ante la imposibilidad de efectuar el traspaso de poderes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso poner a Eulex bajo el paraguas de las Naciones Unidas, conceder gradualmente más responsabilidad a la policía y la justicia kosovar, y dar más derechos a los serbios de Kosovo concentrados en el norte del país. Pero Belgrado también rechaza este plan.